Fallo chino sobre las barcazas y remolcadores

La propiedad de 16 barcazas y dos remolcadores que nuestro país encargó a una empresa coreana y que fue transferida a otra china y que Bolivia pagó al contado algo más de 29 millones de dólares, según autoridades chinas estaría sujeta a una decisión o fallo de un tribunal del país oriental. La información anota que por el almacenaje de las barcazas se debe alrededor de 4,2 millones de dólares; pero que, surgieron “costos no previstos” que implican la suma de 4,5 millones de dólares “para que se complete la fabricación de los dos remolcadores”.

Lo cierto es que, por graves yerros cometidos en Bolivia, especialmente por parte de la Fuerza Fluvial y Lacustre, el caso de este material necesario para la hidrovía Paraguay-Paraná y que servirá para el transporte de mercadería de importación y exportación, ya tuvo muchos tropiezos en el pasado. Las informaciones que se ha dado al respecto son muchas y de lo más complicadas; pero lo cierto es que inconsulta y arbitrariamente se pagó una fortuna por material que, está visto, corre el riesgo de perderse.

Hace pocos meses se dijo que aparte de los 29 y más millones de dólares pagados, por diversos conceptos, “habría que pagar aproximadamente 10 millones de dólares” y Bolivia podría retirarlas de un puerto chino donde se encuentran ancladas. La última información señala, más o menos, el monto de 8,7 millones de dólares que, en última instancia, habría que pagar previas las negociaciones del caso; de otro modo, se corre el riesgo inminente de perder tanto barcazas como remolcadores.

Por las malas políticas de pagar al contado, sin licitación alguna, sin controles previos sobre lo adquirido, sin control de ninguna clase por parte de la Contraloría y por diversas razones (la mayor parte que vulneran disposiciones legales muy concretas), el país se ve envuelto en problemas como éste con China y que, de no tener rápida solución, se perdería todo.

La experiencia que deja el absurdo negocio debería servir para que el gobierno deje de cometer desatinos tan lamentables; debería tener en cuenta que somos un país pobre y que las divisas que se logra no son dádivas de nadie y que su logro cuesta mucho al país. Disponer discrecional e irresponsablemente de los medios financieros o de cualquier bien del Estado es delito sancionado por nuestros códigos y nadie, por poder que tenga, puede ignorar lo que las leyes señalan concretamente.

Ahora, se está ante el dilema: se paga lo que exija China, previos los arreglos a que haya lugar, o, finalmente, se pierde; pero, en todo caso, no debemos quedar con la incertidumbre de no saber qué es lo que pasó realmente, quiénes son los verdaderos culpables de semejante desatino y qué responsabilidad compete a las diversas organizaciones o personas que han intervenido en el mal negocio.