Senador Joaquino pide a juristas participar en reforma de justicia

• Colegio de Abogados de Chuquisaca piden conocer antes los proyectos de ley que envió el Ejecutivo al Legislativo


OFICINAS DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE LA PAZ DONDE SE VENTILAN MILES DE PROCESOS JUDICIALES.

Luego de la realización de la Cumbre de Justicia (2016), donde participaron y aportaron con sugerencias las organizaciones sociales, ahora les corresponde a los académicos y expertos juristas participar en la elaboración de leyes destinadas a reformar la administración de la justicia en Bolivia, afirmó ayer el senador potosino René Joaquino, del Movimiento al Socialismo (MAS).

“Lo que hay que hacer es lo siguiente, paso por paso. Se ha llevado adelante una cumbre con participación de las organizaciones (sociales), y ahora tienen que ingresar los académicos a la elaboración de nuestras futuras normas que van a regir en el país y, obviamente, a nosotros los asambleístas nacionales”, declaró la autoridad, según Erbol.

Ese comentario fue formulado a propósito de la reciente polémica sobre la efectividad de la cadena perpetua en la legislación boliviana, para sancionar delitos de violación seguida de muerte de niñas y niños.

EN DESACUERDO

Joaquino manifestó que si se toma en cuenta la experiencia de otros estados del mundo, la solución no pasa por endurecer las penas, porque en muchos estados han pretendido que así de fácil se puedan resolver los hechos delictivos dentro de la sociedad, pero “fue un fracaso”.

El delegado defensorial José Luis Miranda manifestó que la cadena perpetua puede ser “algo extremo” pero dejó que la Defensoría del Pueblo, como institución nacional,se pronuncie sobre el particular. Entre tanto, asumirán férrea defensa por el derecho a la vida de los niños y niñas bolivianas.

La semana pasada, el presidente Evo Morales envió cuatro proyectos de ley a la Asamblea Legislativa para poner en marcha las conclusiones de la cumbre, a partir de la conformación de una comisión interinstitucional de seguimiento, reformas al código procesal penal, acortando tiempos del juicio bajo pena de sanciones y destitución a jueces que incumplan el plazo; y una ley más dura contra el mal ejercicio de la abogacía.

Los proyectos de ley comenzarán a ser distribuidas a las comisiones legislativas la próxima semana, donde se espera puedan ser convocados representantes del sistema universitario. No fueron tomados en cuenta las instituciones colegidas.

SILVIA SALAME

La presidenta del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Silvia Salame, en contacto con EL DIARIO, pidió al Órgano Legislativo que les proporcionen copias de los proyectos de ley que remitió el Ejecutivo para su tratamiento en el Parlamento. La jurista aseguró que en ningún momento participaron de la elaboración de los mismos.

“Estamos tratando de conseguir un ejemplar de los proyectos de ley, porque necesitamos hacer estudios para ver qué acciones legales vamos a tomar porque nosotros somos el control social en materia jurídica en nuestro país. Tenemos la obligación de defender los intereses de los ciudadanos y para eso necesitamos una copia de esos proyectos de ley”, afirmó Salame.

La jurista afirmó que, a pesar que fueron convocados para la presentación del nuevo Código Penal que se realizó en La Paz y Santa Cruz, no asistieron porque el Legislativo no les hizo partícipes de la elaboración y mucho menos del contenido de ese documento. Salame observó, además, que la presentación debió ser en Sucre, que es la capital del Órgano Judicial y no en otras ciudades.

“Nosotros antes de participar en cualquier evento, tenemos que conocer las normas para presentar nuestras observaciones, sugerencias o felicitaciones, pero ni siquiera nos respondieron, o sea, no conocemos en absoluto el Código del sistema penal ni tampoco conocemos los cuatro proyectos que el Presidente ha entregado a la Asamblea Legislativa”, sostuvo Salame.

ABANDONARON

En junio de 2016, delegados del Colegio de Abogados de Bolivia abandonaron la Cumbre de Justicia, afirmando que no avalarán “lineamientos predeterminados” desde el Gobierno, en una encuentro donde el número de participantes de organizaciones sociales es desproporcionado, el 98 por ciento contra los pocos administradores de justicia, a los que, además, se le impide plantear propuestas técnica-jurídicas, como los señaló su presidente César Cabrera.º

“Nuestra presencia no tiene sentido, estamos retirándonos de esta Cumbre, porque entendemos que no se permite la modificación de puntos predeterminados en las pre cumbres a las cuales no hemos sido invitados (…). En todo caso, con esto pretenden que nosotros validemos determinaciones en las que no hemos tenido participación alguna”, declaró Cabrera, a su salida del Centro de Convenciones en Sucre, donde se desarrolla el encuentro convocado por el Gobierno.

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