Incrementos salariales y desaceleración económica

Cada año es siempre el mismo cantar del incremento de salarios y el aumento de las subvenciones del Estado a determinadas instituciones, como a las universidades públicas. Un medio de aminorar esta problemática recurrente sería que el Presupuesto General del Estado y todas las implicancias económicas a nivel público y privado sean aprobados y ejecutados cada dos años, método adoptado con buenos resultados por varios países. El plazo de un año es demasiado corto y entraba el manejo tanto de la economía estatal como privada.

Basta ver el tira y afloja de estos días sobre el consabido incremento anual de haberes a los trabajadores y empleados del país. El Gobierno volvió a ceder a las presiones de la COB y terminó decretando el 10.8% para el salario mínimo nacional y el 7% al salario básico, pese a las condiciones desaceleradas de la economía nacional. En estas tratativas los grandes excluidos fueron los empresarios privados, de modo que un acuerdo que por definición es tripartito: Gobierno, trabajadores y empresa privada, se resolvió entre los dos primeros. La Organización Internacional del Trabajo de la que Bolivia es miembro prevé la concurrencia de esos tres sectores en el tema, lo contrario es autoritarismo.

Las llamadas grandes empresas asumirán, no sin sacrificio, el costo del incremento, pero la mediana y pequeña empresa se ven imposibilitadas, ni qué decir del sector informal (el mayor empleador) que no acata, ni en broma, las disposiciones salariales. El ministro de Economía, Luis Arce, admite que el incremento le significará al Tesoro Nacional la erogación de 700 millones de bolivianos. A la creciente burocracia estatal desde el 2006, nadie le pregunta por el factor productividad, no obstante de gozar de salarios y bonos considerables y muy por encima del término medio general. Sin embargo el titular de Economía advirtió inicialmente que las empresas públicas deficitarias como Huanuni no percibirán aumentos y tampoco YPFB por la caída de las cotizaciones internacionales. Pero éstas dos últimas alzaron ya el grito al cielo, y en el caso de YPFB el ministro manifestó que el personal tendría un aumento “lineal” de 7 por ciento en su haber básico, porque la entidad petrolera logró utilidades.

Lo cierto es que la economía nacional se viene desacelerando notoriamente desde el 2014. Para el 2016 los entes oficiales preveían un crecimiento del PIB en 5.3% y en realidad fue solamente del 4.3%. Otro dato preocupante es que en el primer trimestre de este año el déficit comercial es del 41%, en términos superiores al registrado el 2016. En estas condiciones las empresas privadas deben erogar 319 millones de dólares para cumplir los incrementos salariales, al parecer sin considerar el pago retroactivo a enero, y en circunstancias bien conocidas en las que sufren la competencia desleal y tolerada del contrabando y cuando inclusive la mercadería importada tiene precios más bajos que la nacional como resultado del mayor costo social y fiscal sobre las espaldas de los privados.

Los portavoces empresariales anuncian una disminución de su inversión productiva este año, la misma que el 2016 alcanzó al 48% de lo invertido en total en el país. Prevén también una mayor pérdida de los empleos formales o desvinculación en los puestos de trabajo, aunque las disposiciones del Gobierno les atan las manos al respecto, situación tenaza cuya salida no puede ser otra que el cierre de sus establecimientos o la quiebra. Por lo menos, la contratación de nuevo personal se ve al presente como un imposible.