Conmoción social causada por oficialistas

Durante últimas semanas la sociedad boliviana se ha conmovido por sucesos de inusitada magnitud que no pueden pasar desapercibidos por la población en general y la opinión pública, que se han visto afectadas por los daños que producen.

En efecto, además de una cadena interminable de conflictos locales de todos los días (paros, bloqueos, marchas), se han sumado los lamentables hechos en el sur del país, donde poblaciones afectadas protagonizaron una serie de acciones de masas, como reacciones a problemas políticos, corrupción y otros. Tales manifestaciones, como en los casos de Yacuiba y Camiri, fueron reprimidas con acciones de fuerza policiales, que estuvieron a punto de generar efectos imprevisibles, aunque afortunadamente la sangre no llegó al río.

Mientras eso sucedía en el sur del país, en el norte de La Paz las cosas estuvieron al borde de una crisis de proporciones, cuando el ministro David Cocarico estuvo a punto de ser linchado por la población yungueña, cuando fue a buscar apoyo para la reglamentación de la resistida Ley de la Coca, disposición que se ha convertido en una verdadera migraña para el gobierno.

Esa visita ministerial a Coroico fue obstaculizada por los cocaleros y cuando vio el peligro, debió pedir socorro a la Policía y ser rescatado de un peligro parecido al que sufrió un Viceministro en Paria, hace un año.

Para completar ese estado convulsivo de cosas, en la sede del gobierno, La Paz, se producían acciones que creaban convulsión, como marchas de médicos, enfermeras, vecinos contrarios al alcalde Revilla, y se removía denuncias de corrupción del caso de los taladros, el Fondo Indígena, el problema de las elecciones judiciales, etc.

Sin embargo, lo más notable en ese estado convulsivo es que, en algunos casos, como las manifestaciones contra el Alcalde paceño, eran provocados por allegados del gobierno que movilizaron a sus adictos para crear mayor caos y malestar público. Pero eso sería poco, ya que esas provocaciones tuvieron “efecto bumerang”, y en vez de perjudicar al burgomaestre, solo perjudicaron al gobierno que desconoce el principio de que nadie se hace daño a sí mismo, o un dicho popular: no se debe escupir en el pozo donde se va a beber agua.