El Tipnis y la tozuda obsesión contra la naturaleza y los derechos indígenas

La impugnación y el rechazo de los resultados de la consulta que pretenden ser mostrados como favorables, se explican porque el proceso seguido claramente incumple los estándares internacionales y legales mínimos de consulta. Es decir, que no ha sido libre, previa, informada, de buena fe y con procedimientos propios de los pueblos indígenas. Ello se corrobora con el protocolo amañado que fue utilizado y que con seguridad se lo pretende convertir en un precedente que avale otros procesos de consulta a los pueblos indígenas en el país.

Por otra parte, también es imposible dejar de impugnar y rechazar el intento que, bajo el argumento de “protección y desarrollo del Tipnis”, pretende imponer una visión y un enfoque ajeno y totalmente contrapuesto a la forma de vida y el tipo de relacionamiento que las comunidades indígenas del Tipnis tienen con la naturaleza y su entorno, porque claramente se pretende asimilarla, supeditarla y hacerla funcional al modelo depredador de carácter extractivista y desarrollista que impulsa el gobierno, y cuyo enfoque es respaldado y busca ser generalizado en el Tipnis por los productores de coca del Chapare.

Tal es el despropósito, que el proyecto de ley tiene un indisimulado carácter colonial, paternalista e impositivo. Por ejemplo y yendo totalmente en contra de su misma exposición de motivos, donde se cita al Art. 307 de la Constitución Política[i], para fundamentar la necesidad de la ley, no se les ocurre mejor idea que bajo el nombre de “desarrollo integral y sustentable”, se busque imponer un modelo extractivista (con “aprovechamiento y participación de privados” o “acuerdos y distribución de ganancias”, por ejemplo), que es totalmente ajeno a los principios, prácticas y cosmovisión de los pueblos indígenas.

Para reforzar el indisimulado intento colonial y de sometimiento, también se incluye una disposición transitoria única en la que “se establece un plazo de 180 días para la elaboración del plan de protección del Tipnis, el plan integral de transporte del Tipnis y la agenda del desarrollo para el Vivir Bien de los pueblos indígenas del Tipnis de acuerdo con los resultados de la consulta. En tanto sean aprobados estos documentos, serán aplicables los instrumentos de planificación y manejo del Tipnis, siempre que no contradigan lo establecido en la presente ley y los acuerdos resultado de la consulta”.

Es decir, que no solo se desconoce y anula los propios instrumentos de planificación y desarrollo que las comunidades indígenas han elaborado y utilizan bajo su propia cosmovisión y cultura, sino que buscan imponer 3 instrumentos ajenos a la propia normativa vigente.

No es menos llamativo el contenido del Art. 11 del proyecto de ley referido a la “transferencia y conocimiento y tecnología”, donde se señala textualmente: “el aprovechamiento de los recursos naturales renovables deberá permitir la transmisión de conocimientos y transferencia de tecnología de los privados a favor de los pueblos indígenas que habitan el Tipnis como requisito indispensable para la suscripción de acuerdos y asociaciones”, en una muy clara actitud colonial de supremacía y dominación “de los privados” (como si los pueblos indígenas no tuviesen ninguna otra capacidad que no sea la de recibir y asimilar “conocimiento y tecnología” que viene de fuera).

En fin, observando integralmente la problemática, el Tipnis constituye otro caso emblemático (junto al Bala-Chepete, Tariquía, Rositas, Takovo Mora, energía atómica, etc.), de la obsesiva intención por llevar adelante un modelo extractivista y desarrollista, frente al expreso rechazo y resistencia del conjunto de la sociedad civil, las comunidades indígenas y los movimientos populares, que luchamos por construir una relación armoniosa y no depredatoria con la naturaleza, los recursos naturales y el entorno socioambiental en el que convivimos todos.

Ya no se trata de un caso aislado de defensa de algún área protegida, un derecho humano, o contra algún proyecto extractivista en particular; sino de la convicción y lucha por evitar la destrucción, la explotación salvaje y los daños irreversibles que se producen contra la naturaleza y las condiciones materiales que permiten la vida de todos. Es decir, se encuentra en juego el futuro del país por la terca intención gubernamental de imponer y hacer prevalecer su modelo, muy a pesar de los evidentes y graves daños que el pueblo ha tenido que soportar y continúa sufriendo.

Esta tozuda obsesión contra la naturaleza, los derechos humanos y de los pueblos indígenas, está poniendo en juego la destrucción misma de las bases materiales de la vida y la naturaleza en nuestro país. En vista de la gravedad y consecuencias que ello implica, es hora de que el gobierno se dé cuenta de la magnitud de las decisiones de este tipo y dé marcha atrás.

[i] Art. 307: “El Estado reconocerá, respetará, protegerá y promoverá la organización económica comunitaria. Esta forma de organización económica comunitaria comprende los sistemas de producción y reproducción de la vida social, fundados en los principios y visión propios de las naciones y pueblos indígena originario y campesinos”.

El autor es sociólogo, boliviano. Cochabamba – Bolivia.