Poder político y estado de derecho: ¿en cuestionamiento?

En el norte de nuestra región el fenómeno político-social de Venezuela ciertamente requiere de mucha reflexión, por el exceso de poder manifestado y el grave debilitamiento institucional y económico al que ha llegado este país, que tiene las mayores reservas de petróleo en el mundo. Al extremo que constituye el centro de atención más importante de parte de la comunidad internacional, incluido Estados Unidos de Norteamérica, al punto que su Vicepresidente ha realizado un viaje relámpago por cinco países sudamericanos, con una agenda que todavía sigue siendo un misterio político, sobre todo estratégico militar.

Sin embargo, últimamente también en el norte ha surgido con fuerza y abruptamente otro fenómeno político-social importante, que está produciendo similares atentados institucionales y exceso de poder, como es el caso de Guatemala. Se trata de un país que sin ser precisamente la antípoda del caso anterior, donde existe un claro predominio de sectores conservadores, también ha puesto en jaque al sistema democrático con el fin de ocultar un sistema político corrupto; que no hace mucho tiempo llevó a cabo un trascendente acuerdo de paz, después de 36 años de conflicto interno que tuvo un alto costo social y vidas humanas, dando lugar a una herida de lenta cicatrización desde el punto de vista institucional y político; con un incumplido compromiso de fortalecer al sistema judicial en su conjunto.

En efecto, Guatemala, en este momento, se encuentra en estado de zozobra después de que su presidente, Jimmy Morales, decidió declarar “persona non grata” al Comisionado colombiano Iván Velásquez, Jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (Cicig), precisamente luego de que el Ministerio Público, con su apoyo, solicitó formalmente un antejuicio para investigar al Presidente de la República sobre el origen del financiamiento que obtuvo su partido en las últimas elecciones.

Situación que está generando una creciente crisis de poder que podría desencadenar cambios importantes en el más alto poder administrativo de la nación, como viene ocurriendo en otros países del continente. En los últimos días hubo manifestaciones a favor y en contra de esta decisión, recordando las movilizaciones de hace dos años, cuando pedían la renuncia del entonces presidente Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, quienes actualmente se encuentran encarcelados, enfrentando varios juicios investigados por esta misma Comisión.

Lo importante en este caso es que la decisión del Presidente Guatemalteco fue ampliamente cuestionada por diferentes sectores de la sociedad, la Comunidad Internacional y el propio Secretario General de Naciones Unidas, que comentó estar “consternado” con esa decisión. Hay que recordar que las funciones que cumple la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (Cicig) han sido consagradas por una Ley de la República, encargándose expresamente su administración a la Organización de las Naciones Unidas, que sin ser un ente regular de este organismo se reporta directamente al Secretario General. Su misión es investigar, junto al Ministerio Público, casos de corrupción y crimen organizado, lo que entraña una responsabilidad de alto riesgo y conflicto político, ya que alcanza a todos los niveles administrativos del Estado.

De ahí que la creación de la Cicig, si bien ha generado muchas reacciones, también opuestas, sobre todo relacionadas con la soberanía nacional por ser un ente externo, por otro lado constituye la reafirmación del poder “supranacional” que tiene el sistema de Naciones Unidas, que fortalece de este modo a países con débil e incipiente desarrollo institucional, especialmente del Ministerio Público.

En el caso que comentamos, su presencia ha sido importante para un grupo de instituciones guatemaltecas que tienen la difícil tarea de luchar contra la corrupción y que siguen siendo vulnerables frente al poder político, básicamente representado por el Presidente de la República. De este modo, el poder político lejos de fortalecer a las instancias administrativas de la justicia, generalmente las debilita y las compromete con los propios mecanismos de la corrupción que se pretende combatir, por lo que el principio de la independencia de poderes termina siendo una ficción o un engaño a la sociedad en su conjunto.

En los últimos tiempos, más de un presidente en la región ha ingresado a la cárcel o ha sido juzgado por actos de corrupción pese a su alta investidura. Con lo que, en cierta forma, avalaría a favor de la institucionalidad del Estado o de la independencia de Poderes, aunque ésta sea más bien la excepción y no la regla general como sería deseable, ya que la justicia se ha convertido en la mayor parte de nuestros países más bien en un instrumento de persecución política, quedando en segundo plano su auténtico papel, que es la administración de la justicia.

De ahí que las lecciones para la democracia que nos deja Guatemala es la debilidad que tiene su sistema judicial y político, si no cuenta con instituciones sólidas que los sustenten. Sobre todo es importante tener un sistema de justicia sólido e independiente, con personas idóneas que no tengan el temor de juzgar a nadie, incluyendo especialmente a los factores reales del poder factual.

No es suficiente un sistema electoral y de partidos, si es que no se transparenta, regula y limita sus fuentes de financiamiento, que parece ser el punto más débil de los últimos gobernantes, que han mercantilizado el juego de la política, motivo por el cual llevan a cabo campañas millonarias para engañar o encandilar artificialmente a los votantes, corrompiéndose fácilmente con los potenciales financiadores que buscan a cambio prebendas o privilegios en los contratos públicos, cuando éstos llegan al gobierno.

El Ing. Com. Flavio Machicado Saravia es Miembro de Número de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas.