Octubre de 2003: nacionalización sui generis

La historia del petróleo es dramática, por las injusticias y las desventuras para los pueblos, que siendo propietarios del oro negro son los que sufren las consecuencias del despojo de sus derechos de propiedad y de los beneficios de su explotación.

Los protagonistas de este drama que lacera la dignidad nacional son las empresas petroleras transnacionales poseedoras de enorme poder económico, con visión de enriquecimiento rápido. Son corporaciones financieras absorbentes que conducen a la depauperación de los pueblos, porque el ideal que tienen no considera el interés ni las necesidades del Estado.

Nacionalización

Se dicta el Decreto Supremo 28.701 de fecha 1/5/2006 de nacionalización e industrialización de los hidrocarburos para brindar mejor servicio y propiciar el camino del cambio de la estructura económica, política y social del país, por una sociedad más justa, económicamente más fuerte y socialmente más humana.

Visión ciudadana

Analistas e instituciones afines al tema energético, al referirse a la nacionalización de los hidrocarburos hacen conocer sus puntos de vista a través de la prensa nacional, de las cuales citamos algunos:

1.- La nacionalización de los hidrocarburos por DS 28.701 de fecha 1/5/2006 es una nacionalización sui generis, porque no es una nacionalización en total dimensión, etc.

2.- Se limita a la adecuación de los nuevos contratos petroleros a la ley en vigencia y a la aplicación de la ley neoliberal 3.058 referido al incremento tributario: 50% para el Estado (18% regalías y 32% IDH) y 50% a la distribución de utilidades y al pago a las petroleras transnacionales por “costos recuperables”.

3.- El decreto nacionalizador no afectó a las petroleras transnacionales porque el grueso de la producción de hidrocarburos, el 80%, continúa en sus manos y el 20% en poder del Estado a través de las empresas Chaco y Andina.

4.- Las empresas petroleras transnacionales Repsol, Petrobras y British Gas mantienen su predominio real en la industria petrolera de Bolivia (ED 26-11-2011)-

5.- Más del 80% de la producción de gas y petróleo proviene de los campos petroleros antiguos actualmente en declinación.

6.- No existe certificación oficial anual conforme a la ley de reservas probadas y posibles, se explota a ciegas.

7.- La sobreexplotación de los hidrocarburos provoca el vaciamiento de las reservas existentes de los campos petroleros antiguos, sin la correspondiente reposición.

8.- Las auditorías practicadas por empresas especializadas en auditoría petrolera establecieron cargos contra las empresas petroleras transnacionales por inflar sus costos de producción, en “costos recuperables”, es decir por haber sobrevaluado sus activos, que pese a su importancia se fueron al tacho por la miopía gubernamental.

9.- No se descubrió nuevos campos petroleros de la magnitud de los campos petroleros antiguos.

10.- En una década el Estado recibió 25 mil millones de bolivianos, como nunca en la historia del país (ED 6/2/2017), sin que hayan mejorado las condiciones de vida del pueblo boliviano.

11.- La bonanza económica del país es resultado del alza de los precios del petróleo, minerales y otros en el mercado internacional, mientras el gobierno plurinacional se vanagloria y cree erróneamente que es producto de su gestión administrativa (falso).

12.- Se despilfarró los recursos del Estado en obsequios millonarios, en obras en su mayor parte intrascendentes con altos costos, sin rentabilidad y por adquisición directa, sin licitación pública.

De lo expuesto se deduce que:

a) El mandato del soberano en Octubre de 2003 no se cumplió debidamente.

b) La nacionalización no responde a las expectativas del pueblo boliviano.

c) Las petroleras transnacionales mantienen su predominio real en el manejo técnico-operativo en la explotación del gas y petróleo.

Concluimos manifestando que los bolivianos somos intransigentes en la defensa de la dignidad y soberanía nacional contra el latrocinio de nuestras riquezas naturales, contra el despilfarro de los recursos del Estado y contra la corrupción que daña la estabilidad económica, política y social del país.

El autor es auditor financiero, miembro del Comité de Defensa del Patrimonio Nacional.