Protocolos para discotecas

El primero de enero de 2018 se tuvo la mala noticia de la desaparición de Jesús Cañisaire y Carla Bellott. La investigación se la inició en la discoteca Planta Baja de la calle Figueroa de La Paz. Lamentablemente después de un poco más de 2 semanas de investigación se dio con los cadáveres de los desafortunados jóvenes, ocultos en una canalización de Villa Fátima.

Y es que no existen protocolos claros de seguridad para las discotecas en la ciudad de La Paz ni en ningún municipio del país.

Es así, pues, que se debe elaborar protocolos de seguridad para las diferentes discotecas de La Paz y Bolivia, así por ejemplo, en la entrada de cada discoteca se debería exigir la presentación de la cédula de identidad a toda persona que desee ingresar. La cédula se debería copiar junto al número. Ese nombre y número, al día siguiente debería ser vaciado a una base de datos de cada municipio, vía Internet. El saber quiénes asistieron el 31 de diciembre de 2017 a la discoteca Planta Baja, hubiese facilitado la investigación del caso de Carla Bellott y Jesús Cañisaire.

No se debería permitir el ingreso a las discotecas de personas con “antecedentes”, al grado de “imputación”, “acusación”, “juicio oral” ni “sentencia”. Es así que el Estado debería subir al Internet el listado de “antecedentes”, para que cada discoteca vía Internet, con un celular, fácilmente con el nombre y el número de cédula de identidad en la puerta, pueda revisar si una persona tiene antecedentes. Se dice que varios componentes de la familia León tenían antecedentes, pero no se especificó cuáles.

Asimismo en muchos locales se puede observar avisos que dicen “todos somos iguales ante la ley”. Así, pues, debería existir un cartel en las discotecas que diga “no acepte bebidas, ni beba con desconocidos, porque puede ser pildoreado”.

Lamentablemente, Jesús y Carla fueron hallados muertos, fruto de un doble asesinato y esto nos pone a recapacitar y entender por qué, principalmente algunos países desarrollados, muy criticados por los países pobres, tienen como castigo para el asesinato la “pena de muerte”.

Actualmente la esposa de Eliot León trata de pedir “cesación de detención” de una prisión, basándose en que lleva un embarazo de 7 meses. Lamentablemente nuestro nefasto “actual Código de Procedimiento Penal” pone en las calles a peligrosos criminales y delincuentes, basados en que son de la tercera edad, se hallan enfermos, son menores de edad o se hallan embarazadas, poniendo en riesgo la vida e integridad física de las víctimas y de la ciudadanía en general.

El “actual Código de Procedimiento Penal” debería ser corregido una vez al año, hasta que Bolivia tenga un “nuevo Código de Procedimiento Penal” consensuado.

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