Gobierno politiza demanda de transparencia de hidroeléctricas

El ministro de Energía, Rafael Alarcón, calificó de “político” al rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, por pedir que se difundan los estudios sobre el proyecto de construcción de la megarepresas del Chepete y Bala. 

“No podemos hablar de daños, lo que sabemos del rector es que estaba de acuerdo con la represa de El Bala y ahora, en una actitud totalmente política, se opone a todas las acciones del Gobierno que tienen que ver con proyectos anhelados por la ciudadanía de La Paz”, dijo el ministro.

El proyecto hidroeléctrico demandará más de $us 7.000 millones de inversión. 

Albarracín informó la semana pasada que le envió una carta al presidente Evo Morales, demandándole dar a conocer todos los estudios técnicos referidos a las represas. Ratificó además el compromiso de la superior casa de estudios con la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey-Chepete Bala, de coadyuvar en el análisis técnico y académico del cuestionado proyecto.

El titular de Energía insistió que no se cuenta con un diseño final del proyecto. “¿Cómo puedo decirle los impactos (que generará) si no tengo el diseño? Si hace una casa de un piso, tiene una afectación, y si hace de 10 pisos, tiene otro tipo de afectación, pero si no tengo el tamaño del proyecto Chepete-Bala, menos puedo hablar de afectación, son irresponsables las aseveraciones que se hacen cuando no se concluyó el diseño”, sentenció visiblemente molesto.

Alarcón reconoció que existen observaciones a los productos de consultoría entregados por la empresa italiana Geodata, contratada por el Gobierno para elaborar el proyecto.

“Están siendo subsanadas las observaciones y cuando tengamos el diseño podemos hablar de afectaciones, que no las negamos (…). Cualquier obra de infraestructura tiene una afectación al medioambiente, tendremos que elaborar un plan de mitigación y después podemos hablar de los verdaderos daños”, dijo.

UMSA

En conferencia de prensa, el rector de la UMSA, Waldo Albarracín, advirtió de la urgencia de generar un debate nacional con información oportuna y transparente sobre el megaproyecto y sus consecuencias.

“Quiero decirles que se ha enviado por parte de la UMSA una carta al presidente Evo Morales cuyo contenido se pone a disposición, expresándole (nuestra) profunda preocupación porque en 2016 el Gobierno confirmó que recibió un estudio de la consultora italiana Geodata” sobre el proyecto, informe que no se ha hecho público, señaló.

Albarracín dijo que existe preocupación por la información recibida por canales no oficiales sobre el contenido de la ficha ambiental y el Informe del Estudio de Identificación, ambos elaborados por Geodata.

El rector dejó en claro que la UMSA requiere pronunciarse técnicamente sobre información oficial.

OMISIÓN

“Lo que preocupa es que cuando hay la obligación del Gobierno de publicar ese informe y cuando instituciones piden que se ponga en conocimiento del país, acontece una omisión inexplicable del Gobierno hasta nuestros días. ¿Cómo es posible que frente a un proyecto tan importante y emblemático resulte que el estudio no esté a disposición de las instituciones vinculadas a la temática?”, cuestionó.

El rector de la UMSA recordó que el Gobierno tiene la obligación de transparentar la información sobre los impactos que conllevará la megarepresa y de cumplir de buena fe el proceso de consulta previa a los pueblos indígenas, en mérito al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la ONU y la Constitución Política del Estado.

El vocero de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey-Chepete Bala, Alex Villca, convocó a la comunidad académica y a la sociedad civil adherirse a la resistencia contra la megarepresa y en defensa de los recursos naturales. 

CUESTIONAMIENTOS

El econometrista, Rolando Morales, cuestionó el estudio de Geodata que calculó linealmente la demanda de Brasil en los siguientes 50 años. Dijo que el Gobierno tampoco tiene en firme cifras sobre la demanda real y mucho menos un contrato que justifique semejante inversión.