El Silala: un paso al costado

La demanda judicial planteada por el gobierno chileno ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), sosteniendo que las aguas del Silala conforman un río de curso internacional, ha ingresado a una nueva etapa a partir del momento en que el presidente Evo Morales afirmó que “inicialmente se ha pensado en la contrademanda, pero por recomendaciones jurídicas de carácter internacional, se ha descartado” y que preferiría acudir a negociaciones diplomáticas, idea que, por lo demás, la cancillería del Mapocho rechazó.

En esa forma, el juicio en La Haya continuará un curso en términos de forma, pero no de fondo, de acuerdo con el procedimiento táctico establecido por la diplomacia chilena y al que se han ajustado las partes y tal vez la CIJ.

Hace varios meses el gobierno boliviano anunció que iba a contratar a una misión francesa para el estudio técnico de las aguas del Silala, pero esa oferta nunca se cumplió y, en cambio, contrató, en reserva, a otros técnicos europeos que entregaron sus informes a la cancillería para ser considerados y aprobados enseguida por la presidencia, que al parecer no los aceptó por razones desconocidas.

Al parecer, ese estudio determinó que el gobierno decida postergar por dos meses la presentación de sus argumentos, retrasar la presentación de la respuesta a la demanda y proponer negociaciones diplomáticas, sugerencia esta última, rechazada por Chile, que tiene la seguridad de que le irá bien en La Haya.

En relación con la contrademanda, Evo Morales dijo “qué bueno sería buscar soluciones de carácter diplomático. El agua es vida, es un derecho humano y si nos entendemos desde ese punto de vista, debería de haber acuerdos”.

En particular, la cancillería boliviana se apoya en que el agua es un derecho humano y no toma en cuenta que implícitamente el agua está relacionada con el derecho de propiedad. En efecto, el agua como recurso natural no tiene valor, pero (como la tierra) adquiere precio, principio de alcance mundial ignorado por la demagogia del populismo contemporáneo.

En esa forma, el gobierno boliviano actual al considerar que el agua, incluyendo la del Silala, es un derecho humano universal, concluye que Bolivia no tendría derecho de propiedad sobre ese recurso y, por tanto, hay que ir a negociaciones diplomáticas, pues, además, se trataría de un tema secundario.

Por otro lado, Chile ahora alega que el asunto del Silala es un “sistema de aguas” y no solo “aguas subterráneas”, argumento que ha derivado en acentuar aún más su punto de vista técnico, alejándose hasta desconocer el jurídico, visión que también adoptaron los empíricos y la cancillería de La Paz, cayendo así en una trampa de la que no trata de salir al someterse a aspectos de forma y no de fondo. En todo caso, aún hay tiempo para no pisar la cáscara de plátano.