El objetivo de iniciar un juicio de responsabilidades contra el expresidente, Carlos Mesa, creó una contradicción en el Gobierno, dado que mientras el ministro de Economía, Mario Guillén, dijo que la meta del proceso es recuperar los $us 42 millones que el Estado pagó a Quiborax, horas después la Procuraduría General del Estado aclaró que busca establecer la existencia o no de responsabilidad en contra del exmandatario.
“Al respecto, la Procuraduría General del Estado (PGE) tiene a bien aclarar que la solicitud de Proposición Acusatoria presentada en fecha 22 de mayo pasado ante la Fiscalía General del Estado, en contra del expresidente Carlos Mesa, tiene como objetivo principal establecer la existencia o no de responsabilidad por la generación de la controversia internacional con la empresa chilena Quiborax S.A. y su socia boliviana, la empresa minera Non Metallic Minerals S.A. (NMM)”, señala el comunicado de la Procuraduría.
Sin embargo, día más antes, el ministro de Economía, Mario Guillén, señaló que el objetivo del juicio contra el exmandatario era aplicar la acción de repetición para recuperar la indemnización millonaria.
