Reinado del contrabando

El actual gobierno y anteriores han lanzado grandes campañas y dictado disposiciones para luchar contra el contrabando. La Dirección de Aduanas ha puesto en práctica diversos controles mecánicos, el Ministerio de Economía ha emitido resoluciones; el Gobierno en general ha proclamado combatir el problema a brazo partido; la prensa ha denunciado y sugerido soluciones para el asunto; las empresas han emitidos críticas, etc., contra este problema que se agrava en forma cancerosa. Pero nada resulta como se espera.

El contrabando crece y crece y no existe ni el menor viso de que será detenido o reducido en su intensidad, pese a que se ha hecho algunos esfuerzos para combatirlo, como movilizar fuerzas de ejército, aviación y navales en las fronteras, aumentar la burocracia, mejorar los presupuestos, utilizar drones, etc.

También se denunció que el contrabando está dando muerte paulatina a la industria, la agricultura y el comercio nacionales y que determina graves pérdidas económicas para el Estado y la economía en general del país, amén de acostumbrar a la población al consumo de productos foráneos.

Los datos específicos son por demás alarmantes. En efecto, esta actividad subterránea movió en el país, en el año 2015, más de dos mil millones de dólares, o sea aproximadamente el 8 por ciento del PIB. Con más precisión, el contrabando equivale al ¡26 por ciento de las importaciones legales!, según la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia.

En el periodo 2010-2014, el promedio anual del gran contrabando llegó a cerca de 1.700 millones de dólares anuales. A esa forma ilegal se debe sumar el contrabando hormiga, que está por alrededor de los 500 millones de dólares, lo que totaliza poco más de 2.200 millones.

Ese mal epidémico no paga impuestos, lo que significa un daño para el Estado del 18 por ciento del PIB, o sea, en relación con el total, de unos 400 millones de dólares. A esas pérdidas se debe añadir sumas considerables de pérdidas en los gravámenes arancelarios, verificación de aportes, despachos aduaneros, el impuesto al Consumo Específico para vehículos, bebidas y cigarrillos. Tampoco paga el Impuesto a las Utilidades de las Empresas, Impuesto a las transacciones, IVA, impuestos municipales, beneficios sociales, etc.

Ese gigantesco negocio ilícito se favorece con las dilatadas fronteras con cinco naciones, que no conocen atención estatal. Se agrava el asunto porque se compra productos baratos, lo cual significa altos costos para el país, como ocurre con Argentina.

La causa de ese catastrófico asunto es la desorientación en la línea económica general del país (el socialismo comunitario), paralela a la carencia de una política comercial nacional y democrática, asunto que, junto con el derroche de fondos del Estado, empresas públicas que trabajan a pérdida, corrupción, etc., dan muerte a los sectores productores de riqueza, política económica que ha puesto a la economía del país en la peligrosa misma senda de la desintegración, con el estilo de Venezuela, que siguió los mismos pasos.