Durante el seguimiento realizado por EL DIARIO, desde el 14 de noviembre del 2014 cuando se conocido el deceso del menor de ocho meses Alexander Ch. V., se verificó una serie de irregularidades en la investigación, las cuales la Fiscalía ha negado responder y argumenta la reserva judicial para proteger la imagen del menor.
Cronológicamente, las irregularidades iniciaron el mismo 13 de noviembre de 2014 cuando la forense del IDIF Ángela Mora se presentó en el Hospital Juan XXIII y haciendo caso de las consideraciones del pediatra Roberto Gumiel realizó un informe forense, señalando la violación.
El referido informe fue rebatido 15 días después por una junta médica del mismo IDIF, la forense Angela Terán, con más de diez años de experiencia descartó que el menor haya sido víctima de violación y que las causas de la muerte, eran otras.
Los médicos acusados Jhiery Fernández, José Luis Delgadillo, Sandra Madeni, la enfermera Lola Rodríguez, la cuidadora del menor Madelen Paola Pahe Chambi (19) y testigos e implicados entrevistados por EL DIARIO brindaron una relación de hechos distintos a los que propusieron los fiscales Edwin Blanco y Susana Boyán.
El 13 marzo, el fiscal Leopoldo Ramos emitió órdenes de sobreseimiento en favor de seis imputados y redactó un memorial anunciando que el caso no podía proseguir sin pruebas de la supuesta violación.
El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, en juicio, fue acusado ante los jueces de tratar de extorsionar a la enfermera Rodríguez, hecho que nunca se investigó al igual que sus visitas irregulares a testigos y acusados a quienes trató de coaccionar para que se inculpen, como fue el caso del médico Fernández en su celda de San Pedro y cuando se hizo pasar por tramitador.
En febrero de 2015, el periodista de EL DIARIO Carlos Quisbert, preguntó a Blanco sobre el interrogatorio al que sometieron a una paciente del médico del Instituto de Rehabilitación Infantil (IRI) donde ingresaron sin orden del juez y sin permiso del Gobierno Departamental de La Paz, aspecto sobre el cual nunca explicaron.
El 21 de mayo de ese año, la exfiscal departamental de La Paz, Patricia Santos, aseguró que el Fiscal General era responsable de direccionar la teoría de la violación.
En juicio, los forenses Ángela Mora y Chistian Vargas eran presentados “como testigos” para evitar que peritos externos interroguen a ambos por las falencias en sus informes.
El 06 de abril de este año (2018) la juez Patricia Pacajes, no solo reconoció las amenazas que a lo largo del juicio había vertido la fiscal Boyan contra testigos, investigadores y el mismo tribunal, sino también admitió que no existe prueba científica en contra del médico Fernández.
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