En duda próxima campaña contra cultivos de coca

Una nueva campaña para controlar cultivos de la coca acaba de ser lanzada por los gobiernos de Bolivia, Brasil y Estados Unidos, bajo el título de “Proyecto Piloto de Sistema de control de la reducción de cultivos excedentarios de coca”. El convenio tiene como objetivo identificar, con modernos recursos tecnológicos, las zonas donde tales cultivos se hayan expandido.

El acuerdo está dirigido a aplicar metodologías especiales para detección de nuevas plantaciones de la hoja, hacer seguimiento y apoyar técnicamente el control de la reducción de los cultivos excedentarios, proporcionar información periódica para una planificación efectiva, priorizar nuevas zonas de intervención y asegurar que la información sea disponible y oportuna.

Para esta nueva campaña se utilizará equipos de medición de alta precisión, imágenes satelitales de procesamiento digital para análisis de datos georeferenciales, que serán provistos por Estados Unidos. Las imágenes serán estudiadas por Brasil y el trabajo de campo estará a cargo de Bolivia, que proporcionará la infraestructura necesaria.

El nuevo convenio no constituye, sin embargo, una novedad y es el cuarto o quinto que se lo pone en práctica, pero con la diferencia de que en anteriores oportunidades no intervino el Gobierno brasileño, debido a que no consideró en profundidad el problema del tráfico de drogas hacia ese país, el mismo que en tiempos recientes se agravó por la presencia de extranjeros, así como por el aumento de la producción de cocaína en Bolivia.

Sin embargo lo que hay que preguntarse es si en esta oportunidad el nuevo intento no fracasará como en los anteriores casos, ya que aparte de que se gastó enormes fuerzas físicas humanas, grandes recursos económicos y tiempo, los resultados fueron poco menos que nulos, ya que los cultivos más bien aumentaron de 12 a 35 mil hectáreas y la elaboración de cocaína pasó de 20 a 200 toneladas al año.

Se debe recordar que entre los años 1980 y 2000 la lucha contra los cultivos de coca tuvo un costo de alrededor de mil millones de dólares, pero, contrariamente a lo que se esperaba, el resultado final fue que esa campaña terminó en un enorme cero, ya que la erradicación no tuvo éxito y, más bien, los cultivadores llegaron casi a triplicar las superficies de cultivo de la hoja, con el agravante de que para esa ampliación fueron “erradicadas” miles de hectáreas de terreno, dedicadas a cultivo de frutales, verduras y ganadería.

En sumas globales, los gastos económicos y esfuerzos humanos realizados para combatir la expansión de los cultivos de coca y producción de droga fueron inútiles, lo cual permite poner en duda el nuevo convenio, que se basa en los mismos procedimientos y no en enfrentar el verdadero contenido del problema. Por ello el acuerdo podría terminar en un nuevo fracaso y determinar que más bien la agricultura de la hoja de coca y la industria de la droga tengan mayor incremento, aparte de los efectos políticos que esa situación podría originar.

En todo caso, se observa que en esta nueva oportunidad se estaría partiendo del mismo error que en anteriores negociaciones, vale decir limitarse a encarar los efectos y no combatir el origen mismo del problema. Proponer una campaña sólo para identificar las zonas productoras de coca y utilizar nuevos recursos tecnológicos contra el narcotráfico no serían procedimientos suficientes para no caer en la puerilidad.

Finalmente, como han reconocido las autoridades, el Gobierno boliviano se podría ver de nuevo “rebasado en su capacidad de control” y después estar obligado a firmar acuerdos internacionales que, aparte de significar un deterioro para la soberanía nacional, no resuelven el problema y se debe empezar de cero. Por lo tanto cabe preguntarse: ¿tendrá resultado la nueva campaña para erradicar cultivos de coca y eliminar la producción de droga?