“Ley INRA” causa caída de la producción

Las diversas disposiciones del articulado de la Ley de “Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria” en vigencia (antigua Ley INRA dictada por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada con algunas reformas superficiales) están causando considerables pérdidas a pequeños, medianos y aun grandes propietarios de tierras (en especial indígenas) y un gran retraso en el desarrollo de la economía agraria del país, en especial en la región interandina que, además, concentra la mayor parte de la población boliviana.

Se señala, al respecto, que casi la totalidad de los agricultores tiene paralizada en gran medida su labor productiva y ha abandonado nuevas labores de la tierra y, en particular, ha dejado de hacer inversiones en la agricultura, determinando, en general, una caída de la producción destinada a abastecer las ciudades y a los mismos campesinos.

La causa específica de la ruina de campesinos e indígenas, comprendida dentro de dicha Ley, es el llamado “saneamiento” de tierras, medida que significa grandes gastos y sacrificios para los agricultores y, al mismo tiempo, enormes y hasta inútiles erogaciones de parte de entidades estatales burocráticas. Se calcula que desde que se puso en aplicación la ley agraria de Sánchez de Lozada (vigente desde hace 15 años), los gastos que realizaron los agricultores para los trámites del “saneamiento” de tierras pasan de los diez millones de dólares, suma exorbitante que, en realidad, debió haber servido para cultivar la tierra, comprar máquinas, aperos de labranza, semillas, mejorar el uso del agua, etc. y así mejorar su nivel de vida y abastecer los mercados de consumo con mayor cantidad y calidad de alimentos.

La actual “Ley de Reconducción comunitaria de la reforma agraria” en vez de capitalizar a los campesinos e indígenas, más bien los ha ido descapitalizando, para engordar, en cambio, una burocracia satisfecha que, además, se beneficia con créditos externos. En síntesis, se puede decir que el hecho de que no haya mejorado la producción agropecuaria por la aplicación de dicha ley, confirma que esa disposición legal ha sido un fracaso completo.

Según la Ley de Reconducción (antes INRA), en primer lugar y violando la Constitución, se anuló para todos los agricultores y campesinos del país los títulos de propiedad de reforma agraria entregados entre 1953 y 1996. Esa anulación se convirtió en la base para tramitar un nuevo título de acuerdo con el procedimiento burocrático del saneamiento, el mismo que significa enormes daños para los pequeños, medianos y aun grandes agricultores, además de pérdida de tiempo, inseguridad jurídica, suspensión de las inversiones, etc. Es más, cuando los trabajadores de la tierra obtienen el nuevo “título”, éste carece de valor, pues el campesino no puede vender, alquilar, rematar y finalmente ni siquiera trabajar su parcela.

Esos y otros aspectos de la legislación agraria son causa de la baja de la producción, abandono de la tierra, etc. y mientras esté vigente no se puede esperar ni la menor mejoría en la agricultura y así el país continuará importando más alimentos que, según el INE, sigue aumentando, pues mientras (en números redondos) el año 2010 alcanzaron a 385 millones, el año 2011 subieron a 564 millones de dólares. Es decir que la importación para alimentar al país fue de 179 millones de dólares más (46%) y sólo por debajo de la importación de combustibles, transportes y repuestos. En síntesis, se confirma que Bolivia ha perdido la soberanía alimentaria.