Descentralización de servicios policiales

La ineficiencia de los cuadros policiales para contener a la delincuencia, su poca disponibilidad de instrumentos, vituallas y elementos necesarios para cumplir sus labores; la ninguna operabilidad de los entrenamientos que recibe la clase tropa y los mismos oficiales, determinan que la delincuencia confíe en sus propios recursos sin temor ni respeto alguno a las leyes ni a la institución policial.

En la mayoría de los países, la Policía está dividida en tres: una parte, que es cuidadora del bienestar y seguridad pública y lucha contra todo tipo de crímenes y actos contrarios al bien común; la segunda, está a órdenes del Poder Judicial que, en el caso boliviano, no tiene las fuerzas precisas para contar con una Policía Judicial que le permita un trabajo eficiente y que corresponda a los criterios, resultados o juicios de fiscales y jueces; finalmente, la tercera, dependiente de los municipios o Alcaldías que es el sector de Tránsito encargado de las leyes en cuidado de calles, plazas, avenidas y caminos con el tránsito de vehículos.

Por supuesto que los tres sectores deberán contar con sus propios cuadros organizados bajo parámetros de técnicas modernas y dejando las improvisaciones de la que hoy se hace gala. Oficiales entrenados por la institución policial mediante sus respectivos institutos, pueden educar, formar en valores e instruir técnicas a quienes vayan a prestar servicios en las ciudades como vigilantes y contenedores de la delincuencia. Lo mismo ocurriría con el Poder Judicial que, con el asesoramiento necesario de instituciones similares foráneas, podría cumplir una labor muy efectiva.

Tránsito es el sector muy especializado y contaría, igualmente, con los entrenamientos, educación y formación en valores. Deberá disponer de oficiales y tropa debidamente entrenados, que les permita realizar labores efectivas para cuidar que talleres y sus propietarios, choferes del sector público y privado y usuarios en general cumplan los reglamentos y, además, entiendan que de un buen comportamiento de policías y conductores de vehículos y respeto por la comunidad depende mucho evitar accidentes, maltratos y actitudes contrarias a los derechos humanos.

No se justifica que la Policía Boliviana (nominación que debería tener siempre y no Policía Nacional que, por principio no corresponde) tenga bajo su responsabilidad funciones que no son de su competencia y que requieren la debida formación no sólo en las funciones que deben cumplir sino en un actuar conforme a valores que cada institución se encargaría de inculcarles. Por supuesto, los presupuestos que tengan deberán ser reforzados y evitar recaudación propia que hasta ahora sólo agrandaron condiciones de corrupción y una especie de prácticas deshonestas por la administración de dineros que, al margen de los presupuestos, han dispuesto los mandos policiales tanto por concepto de multas como por la venta de varios valores y rosetas por “inspecciones vehiculares” que nunca se realizan.

Hay, pues, muchos aspectos que se debe cambiar en una nueva reestructuración de la Policía y que es demandada desde hace mucho tiempo, pero que ningún Gobierno se anima a emprender por causas que nadie entiende. Los ejemplos que obligarían a una reestructuración total y división de poderes son múltiples y el Gobierno las conoce. Si no existe la capacidad necesaria para entrenar a las fuerzas divididas, habrá que contratarlas en organismos especializados o pedir, una vez más, la cooperación de países amigos que cuentan con la experiencia necesaria.