Organizaciones rechazan la insistencia en judicializar a prensa independiente

La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, reiteró ayer que el Gobierno sostendrá la denuncia penal contra tres medios informativos, pues tanto la Agencia de Noticias Fides (ANF), el matutino EL DIARIO y el periódico Página Siete, no se rectificaron ni emitieron una “disculpa” desde las notas difundidas entre el pasado 15 y 16 de agosto, cuando se generó la polémica en torno a las palabras del mandatario Evo Morales sobre el oriente boliviano.

“Yo como periodista he esperado que los medios de comunicación aludidos puedan pedir una disculpa, porque creemos no ha sido en la nota como se quiere hacer ver el error de interpretación, ha sido en títulos inaceptables, porque el presidente nunca acusó a los cruceños ni los orientales de ser flojos, no hubo la intención de acusar (…) Yo pienso todavía que ha podido ser un error. Sin embargo no ha habido ninguna disculpa de los medios de comunicación. Eso se esperaba. Por lo tanto, las personas que se sienten ofendidas por este título en concreto, el presidente que se ha sentido ofendido, tiene todo el derecho de sentar una demanda por la Ley contra el Racismo que es por ese tema que nosotros desde el gobierno estamos impulsando el proceso”, declaró la ministra.

Tras conocer estas palabras, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) explicó que si el presidente Evo Morales se ha sentido ofendido por los títulos de las notas de prensa, el camino correcto es interponer el caso ante el Tribunal de Autorregulación Ética o al Consejo Nacional de Ética Periodística, que son los instrumentos que verifican este tipo de denuncias y que son sustentados en la CPE y el Art. 107: “La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante las normas de Ética y de Autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su Ley”.

Para la ANP, la ministra del área, quien es periodista de profesión, no reconoce estos mecanismos y reitera que la información difundida no se enmarca en la Ley de Imprenta y por el contrario son “delitos” privados, aunque contradictoriamente en la denuncia judicial dice: “estas publicaciones, que no reflejan el verdadero discurso del Presidente del Estado Plurinacional, se constituyen en frases tendenciosas, maliciosas y provocativas para los habitantes del oriente boliviano, porque tergiversaron el discurso del Mandatario”.

Por su lado, la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información manifestó su profunda preocupación por las denuncias ratificadas por el Gobierno, manifestando que el derecho internacional sostiene que es necesario el análisis de los casos concretos, con el fin de establecer claramente el peso que debe tener el derecho de libertad de expresión cuando los medios llaman la atención sobre problemas de gran relevancia como son el racismo y la xenofobia.

“Al mismo tiempo, cuestiona y llama la atención sobre la apertura de los juicios penales, ajena a la Ley de Imprenta y los Tribunales de Ética y de Autorregulación de la Prensa, que están en plena vigencia, y adhiere a la demanda de los periodistas y sus organizaciones de que se respeten las garantías constitucionales que deben guiar las actuaciones de las autoridades e instituciones públicas en un clima de saludable democracia”, cita un comunicado de la organización.