Ley: 30 años de prisión a uniformados que trafiquen armas


La Comisión de Gobierno y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados tiene en su poder desde hace un año el anteproyecto de la Ley de Armas, que en su momento fue anunciado con mucho entusiasmo. Después de este tiempo, surgen algunos detalles sobre la regulación de la tenencia de estos elementos.

El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, anunció que en las siguientes semanas se reingresará el documento a la comisión mencionada poniendo énfasis en las sanciones que podrían darse a militares y policías que incurran en tráfico de armas, con penas de hasta 30 años de prisión.

“Nuestra estructura de defensa del Estado permite que nuestros militares y policías sean quienes puedan portar armas para garantizar la seguridad y defensa del Estado y la convivencia pacífica de los bolivianos”, declaró.

La tenencia sería regulada a partir de estas dos entidades y los particulares no podrían portar armas, salvo las estipulaciones reglamentarias.

En octubre, tras los enfrentamientos entre comunarios de Potosí, el Gobierno, a través del Ministerio de la Presidencia, planteó una regulación para desarmar a la sociedad civil.

Los opositores, en cambio, apuestan a legalizar la tenencia de pistolas argumentando que es necesario precautelar la integridad personal y de las familias dados los altos índices de inseguridad ciudadana que se vive en el país.

En el país existen sectores que manipulan armamento desde hace décadas tal es el caso de los denominados “ponchos rojos” en el Altiplano o los cazadores de la amazonía nacional.

 
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