Continúan los crímenes de la “justicia comunitaria”

Desde la aplicación de la llamada “justicia comunitaria” por parte de grupos de campesinos, indígenas o de grupos extremistas, parece que se ha perdido el sentido o la conciencia de lo que significa la palabra justicia, porque muchos crímenes han sido cometidos con el título de “justicia comunitaria”, tan sólo con el justificativo de “aplicar los castigos por falta de oportunidad de la justicia legal” o, más concretamente, porque “la justicia en Bolivia es la peor injusticia” y no es administrada ni aplicada debida y oportunamente.

No hay razón o pretexto alguno para que las personas o las organizaciones comunitarias decidan castigar a quienes hayan violado la ley; en otras palabras, no se puede hablar de ley y justicia cuando se las vulnera totalmente hasta llegar al crimen. Esto es lo que los autores de prácticas salvajes, como ha ocurrido con muchos casos, han cometido. Conforme a los códigos legales, son crímenes contra personas que, se alega, han cometido delitos contra la propiedad de las personas.

Lo grave de esta situación es que ni el Ejecutivo ni el Legislativo ni el Poder Judicial han tomado cartas en este caso, que es de total violación a la Constitución, las leyes y los derechos humanos, porque los casos comprobados de aplicación de la “justicia comunitaria” no han merecido las sanciones debidas; por el contrario, parecería que con “cerrar los ojos” se soluciona todo y, así, se da lugar a que se cometan delitos similares a título de hacer justicia.

El hecho de que el régimen gobernante, prácticamente desde hace ocho años, haya otorgado una especie de institucionalización a la “justicia comunitaria” no justifica que el Poder Judicial se desentienda; menos se justifican los horrendos crímenes cometidos, que en los últimos tiempos han adquirido “técnicas avanzadas” de horror, al dar muerte a presuntos culpables de delitos. Muchas veces, ante el hecho de que la Policía realiza investigaciones de estos hechos, hay comunidades que evitan su presencia en el lugar de los hechos y surgen amenazas para impedir que los autores sean apresados y puestos a disposición de la justicia ordinaria. Ante esta situación, no se toma los recaudos necesarios, cuando debería actuar la fuerza de las leyes en forma terminante y drástica.

El no hacer nada, el aplicar las políticas del “dejar hacer y dejar pasar” crea situaciones de inmunidad que pasan muy luego a la impunidad, porque nada se hace para imponer el rigor de las leyes. Hasta ahora, que se sepa, ningún resultado ha tenido la intervención de Naciones Unidas o de Derechos Humanos, que estarían obligados a pedir el cumplimiento de las leyes para sancionar los horrendos crímenes que se ha cometido.