La censura pacífica de hoy

Las elecciones regionales de este domingo 29 de marzo de 2015 se constituirán en un plebiscito, en buena parte del país. El voto a emitirse será una censura pacífica a los excesos autoritarios del régimen imperante.

En estos nueve años se ha acumulado múltiples demostraciones del abuso de poder en la política, la economía y otras áreas sensibles del interés nacional. La indiferencia o la tolerancia de la ciudadanía quedaron rebasadas, esta vez, por la dolosa administración del millonario Fondo Indígena y la dependencia demasiado clara del Órgano Electoral ante el poder central.

Los descontentos sociales y políticos suelen exteriorizarse habitualmente con el uso de las armas. Esta vez, en cambio, será a través de los votos depositados en las urnas.

Un diario local, en su edición del jueves último, expresó en su principal titular que la “Campaña (proselitista) finaliza en un ambiente de desconfianza en el árbitro… porque, a dos días de las elecciones subnacionales, canceló la personería jurídica de la Unidad Demócrata (UD) en Beni y evitó sancionar a candidatos del partido oficialista que cometieron faltas electorales”.

La inhabilitación no sólo recayó en Ernesto Suárez, candidato a la Gobernación del Departamento de Beni, quien, de acuerdo con las previsiones difundidas, era el inminente ganador; sino, también a 227 candidatos municipales. La cifra es bastante alta y representativa para que pueda admitirse una decisión que, incluso, legalmente, es muy cuestionada por opiniones de reconocida solvencia pública.

El presidente Evo Morales, que encabezó durante dos meses la campaña proselitista de las candidaturas oficialistas en todo el país, violando preceptos legales, estuvo acertado en decir que en las elecciones de hoy está en juego el proceso de “cambio”.

Empero, es posible expresar que implicará forzosamente una demanda para que el “cambio” sea un cambio revestido de democracia y de valores esenciales, como es la prudencia en el gasto público, la atención a necesidades más perentorias que estar comprando satélites e incluso pretender inversiones cuantiosas en la energía nuclear, de respeto a las libertades y a la pluralidad en la administración del país. Constituirá, entonces, una demanda pacífica para que cambien los métodos arbitrarios de gobernar.

En términos conceptuales, implicará, asimismo, un cuestionamiento a la legitimidad del régimen de Morales. Según la Ciencia Política, es el término con el que se enjuicia las características de un Poder. En unos casos, cuando se obtiene la obediencia ciudadana sin necesidad de recurrir a la coacción, que supone la amenaza de imponer la fuerza.

En suma, el Estado es legítimo si existe un consenso entre los miembros de una comunidad para aceptar la autoridad vigente. Las normas jurídicas para ser legítimas son tres: validez, justicia y eficacia. Los estudiosos de la materia subdividen en dos la aplicación de tales normas: legitimidad formal y material.

La formal la entienden como el correcto proceder de los órganos estatales con respecto a todos los procedimientos establecidos en el Ordenamiento Jurídico. La legitimidad material es cuando existe consenso (reconocimiento) ante la actuación gubernamental.

Existe también otra puntualización. Cuando una norma es percibida por la sociedad como legítima es masivamente obedecida. Cuando una norma es percibida como ilegítima, es masivamente desobedecida, a menos que se recurra a la coacción verbal o a la violencia física.

En el caso concreto del acontecer en Bolivia, el Gobierno actual puede ser legítimo en su origen. Pero se torna ilegítimo en el desempeño del mando, por incurrir en abuso de autoridad, en corrupción, en incompetencia y en el despilfarro de los recursos fiscales.

Los votos mayoritarios que se emitan este día, por lo menos en cinco departamentos, pondrán, pues, en evidencia el sentir íntimo de la ciudadanía respecto a tales circunstancias.

Los elementos de juicio que respaldarán este pronunciamiento han sido abundantemente expuestos en los últimos días en los medios de comunicación, tanto en términos informativos como de opinión, de manera que sería errada aquella argumentación de Morales, en sentido de darle una connotación política, cuando lo correcto sería que considere como eminentemente cívico.

Algo que pesará en la balanza electoral serán los informes de expertos en el estudio del Cómputo Oficial de las elecciones generales del 12 de octubre último. En las ciudades de La Paz y de El Alto, los votantes fueron numéricamente más que los habilitados por el Padrón Electoral. Pese a la cual, por lo menos en La Paz, que es la capital política del país, la sumatoria de los votos opositores fue mayor a la obtenida por el oficialismo. La misma irregularidad se registró en otras ciudades, y en proporciones mucho mayores en áreas rurales.

Para las elecciones regionales de hoy, el sistema electoral siguió impidiendo que las organizaciones políticas opositoras intervengan o por lo menos supervisen la auditoría del Padrón realizada por enviados de la OEA. Esta organización, por lo demás, no goza de credibilidad en Bolivia; en forma reiterada, demostró estar parcializada. Este instrumento es la garantía fundamental de todo proceso electoral, aquí o en cualquier parte del mundo.