Idiomas nativos para la burocracia

Un anuncio del Gobierno recordó que los funcionarios públicos deben conocer y utilizar un idioma nativo para seguir desempeñándose en sus funciones burocráticas, so pena de ser objeto de sanciones, inclusive perder el ítem y quedar en la calle. La información cayó, por supuesto, como plomo derretido en las orejas de los servidores públicos, que en total llegan a alrededor de 140 a 150 mil jefes de familia.

La decisión fue objeto de diversos comentarios y quedó para cumplimiento relativo, de tal forma que causó cierto alivio y permitió que las actividades de la administración continúen con normalidad. En todo caso, la nutrida burocracia espera una aclaración para saber a qué atenerse.

La instrucción oficial de que los empleados del Estado hablen un otro idioma, además del español, se originó hace nueve años en esferas del Gobierno e inclusive fue elevada a orden constitucional. En efecto, el artículo 5 de la nueva Carta magna señala en su parágrafo 5 que “El gobierno plurinacional y los gobiernos departamentales deben utilizar al menos dos idiomas oficiales. Uno de ellos debe ser el castellano y el otro se decidirá tomando en cuenta el uso, la conveniencia, las circunstancias, las necesidades y preferencias de la población”.

Sin embargo, pese a la decisión gubernativa, la medida no fue acatada, pese a las instrucciones que se dictó al respecto y fue quedando poco menos que en el olvido, al constatarse que parte de los funcionarios públicos no cumplía con ese requisito y además no tenía cómo aprender un idioma complementario. Se rumoreó, al respecto, que los máximos mandatarios sólo hablaban español.

Pasados los años, se observó además una serie de fenómenos. En primer lugar, la población bilingüe de la región andina empezó a dejar de lado los idiomas nativos (aymara y quechua) y dar preferencia al español. Esa corriente se fue acentuando hasta el presente y se encuentra que cuando algún ciudadano corriente que sabe aymara habla en el idioma nativo a algún campesino o vendedor callejero de origen rural, encuentra como respuesta que o bien no sabe aymara o bien se siente ofendido por el tratamiento. Es más, sólo responde en español.

Ese mismo fenómeno se ve en el medio rural, donde los campesinos prefieren el español, pues los idiomas nativos no les sirven para fines comerciales, culturales, políticos, etc. e inclusive afirman que tampoco hablan dos idiomas el presidente, el vicepresidente, algunos ministros, senadores, diputados y gran parte de la burocracia y, por tanto, si éstos no cumplen con ese requisito, no tienen por qué acatar la disposición.

Entre la población en general se observa que no existe interés por los idiomas nativos, por no ser de uso corriente, excepto en regiones aisladas, donde también en la educación primaria y media sólo se utiliza español, pues no existen textos en lenguajes nativos y ni siquiera gramáticas, ya sea quechua, aymara, guaraní, etc. Esa deficiencia obligaría a los maestros rurales a utilizar exclusivamente el español.

También la resistencia a la disposición oficial llega hasta altos dignatarios de Estado, entre ellos el presidente del Senado, quien se declaró imposibilitado de hablar otro idioma para así poder cumplir con la Constitución, de tal forma que, en general, la orden estaría condenada a caer en saco roto.