Estado genera sistema que vulnera derechos de niñez y adolescencia

El defensor del Pueblo, Rolando Villena, afirmó que desde la esfera estatal se está generando un modelo estructural de vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes fortaleciendo la visión adulto centrista y violenta del Estado y la sociedad frente a esta población que, de consolidarse, significará un retroceso como país y un peligro de alta gravedad para el futuro.

“La legalización de la explotación infantil inserta en el Código Niña, Niño y Adolescente, que disminuye a 10 años la edad de trabajo permitido y protegido; la criminalización a los y las adolescentes al disminuir la edad de imputabilidad penal a 14 años; los vacíos graves respecto a la protección de adolescentes mujeres víctimas de matrimonios precoces con adultos; la inexistencia de una política pública sobre la niñez y la adolescencia y la inacción culposa del Estado frente a la creciente violencia contra niñas, niños y adolescentes, a lo que se suma la reciente propuesta de ley contra la delincuencia juvenil y las pandillas, son parte de un esquema que desde el propio Estado deja en indefensión y vulnerabilidad al 44% de la población del país que, además, es la más desprotegida y vulnerada en sus derechos elementales”, afirmó Villena.

Se trata, acotó, de la imposición en Bolivia, de un modelo adulto centrista que ve a la niñez y la adolescencia como objetos y no como sujetos de derechos, lo que hace que la generación adulta no solo traslade su frustración y su incapacidad sobre esta población, sino que emita leyes y normas que en lugar de incrementar sus derechos y su protección, las disminuya afectando no solo el presente sino el futuro.

Recordó que desde la implementación del Estado Plurinacional no se ha hablado de disminuir la edad del voto o de la capacidad para realizar actos comerciales por sí mismo o siquiera tener licencia para conducir motorizados, sin embargo, se están aprobando leyes para limitar los derechos de este grupo poblacional o incrementar su vulnerabilidad.

La posición de la autoridad surgió luego de un análisis a las últimas leyes que se aprobaron en torno a esta población y las nuevas propuestas que emergieron de la Cumbre de Seguridad Ciudadana y que buscan penalizar la formación de grupos definidos como pandilla que, de acuerdo al Ministerio de Gobierno, buscan disminuir los índices delictivos en Bolivia.

PROYECTO DE LEY RETRÓGRADO Y PUNITIVO

Respecto de la última propuesta del Ministerio de Gobierno, el Defensor señaló que resulta inaudito que un Ministerio orientado hacia la represión haya tomado la iniciativa sobre las y los adolescentes en conflicto con la ley, presentando un proyecto regresivo, punitivo y persecutorio, en cuyas consideraciones legales ni siquiera considera al artículo 60 de la Constitución Política del Estado y que, incluso, plantea la incorporación de adolescentes mayores de 16 años de edad en el Servicio Militar, aspecto que hace apenas tres semanas fue declarado inconstitucional por el propio ente jurisdiccional, mediante sentencia pública.

Villena, asimismo, reclamó que el Ministerio de Justicia ni siquiera hubiese sido mencionado para tratar este tema, en cuyo contenido se está involucrando a adolescentes desde los 14 años como señala la referida norma.

Según el Defensor, el problema del aumento de la delincuencia en Bolivia tiene orígenes estructurales que se agravan por la incapacidad del Gobierno por enfrentarlas. “Es indudable que temas como la pobreza y la falta de oportunidades, el narcotráfico, la debacle del sistema de justicia, la corrupción pública, la poca confianza en la Policía y orientación hacia valores como el consumismo, el hedonismo y el éxito material, van a producir más personas que cometan delitos”, señaló.

Empero, remarcó, resulta irresponsable hacer creer a la opinión pública que el aumento de la violencia social tiene que ver con las pandillas y mucho menos con los adolescentes.