Exigen eficiencia administrativa

Empresarios dicen que decretos del Gobierno no son aplicables

• Las deudas de pequeños productores con proveedores de insumos, equipos y servicios podrían poner en riesgo la próxima campaña de verano en Santa Cruz, según dijo el presidente de la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA), Mario Rojo


DEUDAS AGOBIAN A PEQUEÑOS PRODUCTORES EN EL ORIENTE BOLIVIANO.
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El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, dijo ayer que los 12 decretos que el Gobierno aprobó hace dos semanas para enfrentar los impactos de la sequía en Bolivia no son aplicables, pese a la buena predisposición del presidente Evo Morales. Explicó que la ausencia de eficiencia administrativa va a provocar problemas económicos y de abastecimiento de alimentos en el país.

Nostas se refirió a los colaboradores del presidente Morales, quienes no habrían pasmado los decretos en acciones oportunas como se esperaba.

AGROQUÍMICOS

Según el presidente de la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA), Mario Rojo, las autoridades han recurrido a esta entidad para determinar la cuantía de las deudas incurridas por los pequeños productores por la compra de agroquímicos. “Quieren saber primero el monto adeudado”, dijo Rojo, quien se abstuvo de precisar las obligaciones pendientes de pago con dichos proveedores.

Sin embargo, advirtió que si bien continúa la siembra en la campaña de invierno en Santa Cruz, anticipó que la próxima campaña de verano es incierta, si no se llega a un acuerdo con los proveedores de agroquímicos, quienes también tienen obligaciones que cumplir con las empresas en el exterior del país.

DEUDAS

Concretamente, Nostas mencionó que las deudas de los pequeños productores no se han resuelto al presente. Según dijo, de la deuda contraída por los pequeños productores, el 97 por ciento corresponde a adeudos de este sector con proveedores de agroquímicos, maquinaria y otros requerimientos, y solamente un 12 por ciento corresponde a obligaciones bancarias. La cifra de la deuda pendiente de regularización fue estimada en $us 400 millones por el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Julio Roda, a principios de agosto, cuando una delegación de dicha entidad privada se reunió con el presidente Evo Morales en la sede de Gobierno.

RESQUEBRAJAMIENTO

“Esta situación puede provocar el resquebrajamiento económico de los pequeños productores, quienes no tienen el suficiente respaldo para encarar los problemas que afectan al sector productivo. La situación es bastante compleja, porque no hemos solucionado los problemas de fondo. Ni siquiera siquiera un 20 por ciento de estos no han sido atendidos”, manifestó.

MINISTRO COCARICO

El ministro de Desarrollo Productivo, César Cocarico, explicó que el Decreto Supremo 2858 considera solamente la deuda contraída por el sector agrícola con la banca, y no así obligaciones de pequeños y medianos productores con empresas comerciales.

DECRETOS

El Jefe de Estado aprobó el pasado 2 de agosto un paquete de 12 disposiciones. Una de ellas fue el Decreto Supremo 2858, que estableció requisitos y procedimientos, para la presentación y tratamiento de requerimientos dirigidos a renovar operaciones crediticias del sistema financiero con el sector agropecuario, muy afectado por los cambios climáticos.

ASOBAN

La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) informó que las entidades bancarias están dispuesta a contribuir al sector productivo y aplicar el decreto para la reprogramación de deudas, luego de evaluar cada caso, con datos fehacientes sobre los efectos causados por la sequía. 

“Las entidades financieras están conscientes que esta problemática (…) amerita una investigación; se hará un relevamiento de cada uno de los casos, porque son afectados de manera diferente y, por tanto, su tratamiento debe responder a las particularidades de cada situación”, señaló hace poco el secretario ejecutivo de Asoban, Nelson Villalobos, cuando EL DIARIO le abordó estos asuntos.

PLAZOS CORTOS

- El vicepresidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Susano Terceros, sostuvo que el Decreto Supremo 2856 de incentivo a la producción de maíz no beneficia a su sector porque los plazos establecidos para la compra del cereal son muy cortos.

- “Por la sequía, hasta diciembre estimamos cosechar unas 150 mil toneladas de las 300 mil que siempre cosechamos, y la nueva cosecha que es la más fuerte, con la siembra en octubre y noviembre, recién será en abril y mayo de 2017”, indicó. El Gobierno fijó, asimismo, en el marco de los decretos, en Bs 80 el precio del quintal de maíz.

 
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