Privados solicitan anular proyecto de empresas sociales

Los empresarios pidieron al Órgano Legislativo la paralización total del tratamiento del proyecto de Ley 218 de Creación de Empresas Sociales que permite el traspaso de una firma en quiebra a sus trabajadores. Los representantes del sector privado arguyen que esta normativa pone en riesgo la estabilidad de las empresas y las inversiones.

”Hemos pedido a las instancias correspondientes del Gobierno que se cancele la discusión total de esta normativa, hasta que pueda realizarse un trabajo serio y profundo, que se garanticen los derechos constitucionales de las partes, porque pone en riesgo la estabilidad laboral”, expresó el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, después de la reunión que sostuvo con el presidente de la Cámara de Senadores, Alberto Gonzales.

Días atrás, la Cámara de Diputados aprobó en grande y en detalle el proyecto de ley de la creación de empresas privadas, sin embargo, a raíz del rechazo del sector privado y las protestas de los legisladores de la oposición, la Cámara de Senadores decidió suspender su tratamiento.

Los empresarios denunciaron que, mediante esta norma, el Gobierno central pretende confiscar sus propiedades.

REUNIÓN

En ese marco, se efectuó la reunión entre el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, con los presidentes de la Cámara Nacional de Industria (CNI), la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), donde los representantes de cada instancia argumentaron sus preocupaciones sobre la proyectada normativa.

Nostas indicó que explicaron en detalle cuáles serían las consecuencias si esta norma se pone en vigencia y destacó que una de los resultados sería la confiscación de las propiedades privadas por parte del Estado, lo cual generaría desestabilidad laboral.

“Hemos manifestado nuestra absoluta oposición a este proyecto de ley, por considerarlo nefasto para el sector empresarial y el futuro de los bolivianos, puesto que tendría múltiples efectos negativos”, advirtió.

Añadió que el sector empresarial continúa en estado de emergencia, hasta que el Legislativo no tenga una respuesta clara sobre la petición que se le presentó, por el momento esperarán a que sus puntos de vista sean tomados en cuenta por el equipo técnico.

CONFISCACIÓN

El sector privado productivo observó varios artículos del proyecto de ley, especialmente el 4 y el 7, a los que consideró “medios para confiscar la propiedad privada e inviabilizar la apertura de empresas en el país”.

Nostas señaló también que es inaceptable que una de las causales para arrebatar la propiedad a una empresa sea el retraso en el pago de servicios, salarios y aportes a la seguridad social durante tres meses continuos, además de la disminución de las actividades productivas, tal como lo señala el artículo 7 de dicho proyecto.

CONFUSIÓN

Por su parte, el presidente de la Cainco, Jorge Arias, manifestó que esta normativa generaría una confusión en los trabajadores, ya que en vez de asumir sus albores optarán por hacer quebrar a la empresa para apropiarse de la misma.

Para el empresario cruceño, esta intención pondría en duda la inversión en el país, porque a los empresarios no se les otorgan las garantías establecidas en la Constitución Política del Estado (CPE) y no existe seguridad jurídica.

“Cómo es posible que se legisle la creación de empresas sociales en base a la única forma de agarrar y quietar la propiedad existente, incluso confundir a la clase trabajadora, porque en vez de trabajar e incrementar la productividad, se los puede orientar a coadyuvar con el quiebre de la empresa”, explicó.

Agregó que “el sector empresarial es el principal generador de riqueza, el principal generador de empleo, por eso hay que cuidarlo, hay que incentivarlo, hay que promoverlo. El sector productivo es esencial y fundamental, no podemos seguir presionándolo más, hostigándolo con este tipo de anuncios”, expresó.

El presidente Evo Morales negó que esta norma pretenda adjudicarse las propiedades del sector privado.