Descomunal deforestación en la paz

La provincia Abel Iturralde, departamento de La Paz, es pasto de una deforestación inicua e ilegal desde el año 2006, sin que autoridad alguna le ponga freno. Tanto la ley como una serie de decretos supremos declaran a esa provincia como reserva fiscal y que no debe ser objeto de explotación agrícola, forestal, ni de asentamientos. Un diputado de UD ha pedido a la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) una petición de informe por la tala de unas 1.000 troncas de maderas finas, concretamente en el municipio de Ixiamas, tala de árboles a cargo de Miguel Ruiz, ex diputado del MAS, con autorización del funcionario Andrés Tórrez Estívariz, encargado de la ABT del Beni.

Una partida de otras 1.000 troncas estaría retenida por comunarios de Santa Rosita, en Ixiamas, mientras otro tanto de madera habría sido exportada a través de los ríos Manuripe y Madre de Dios. Las denuncias cursan en el Instituto Nacional de Reforma Agraria y de la ABT, así como en reparticiones de la Gobernación. Una comisión mixta de las mismas no pudo viajar a constatar los hechos por presunta falta de garantías de la comunidad indígena. Se dice que el viaje a la región es de 7 días, dada su lejanía y la falta de carreteras, característica del departamento paceño.

Esta noticia es contradictoria con las quejas de la misma comunidad por la explotación impune que se viene practicando. La subgobernadora de la provincia Iturralde, Paola Guerra Uzquiano, igualmente lamenta la indiferencia de las autoridades. Esta explotación abarcaría una enorme superficie desde Iturralde hasta algún territorio del departamento del Beni. Miguel Ruiz, ex diputado masista, se supone ser oriundo de Riberalta (Beni) y haber merecido la concesión de su coterráneo, encargado de ABT en ese departamento, antecedente que no deja de ser raro por entregarse una concesión en jurisdicción ajena, correspondiente a La Paz, extremo posiblemente debido a una coima que nadie investiga y menos sanciona. Esta falta de control e impunidad tienen lugar -solamente como una más entre cientos- en el “Estado efectivo” y omnipresente proclamado por el vicepresidente García Linera, frente al supuesto “Estado aparente” del pasado.

Tratando la deforestación, se inscribe a su vez las 10.000 hectáreas entregadas al Ingenio Azucarero de San Buenaventura para la producción de caña, materia prima inexistente hasta ahora para el funcionamiento de dicho complejo. La región afectada es rica en madera y debe ser talada para plantaciones de caña. Los ambientalistas critican la medida por tratarse de tierras sin vocación agrícola. El comentado saqueo de madera, que de seguro afecta a otras zonas del departamento como se viene conociendo, no solo atenta contra la riqueza forestal, sino que influye negativamente en el clima y las condiciones ambientales. Imagine el daño que causaría la putrefacción de los bosques contiguos al Chepete y a El Bala por la gigantesca represa proyectada.