Preocupación empresarial por proyecto de Código Penal

El sector empresarial exteriorizó ayer preocupación por el proyecto del nuevo Código de Procedimiento Penal, el cual criminaliza el patrimonio empresarial y la aplicación de la misma fomentaría la actividad informal. El presidente de la Cámara Nacional de comercio (CNC), Marco Salinas, informó que en la próxima reunión de trabajo con los ministros se hará conocer su posición.

"Nosotros nos hemos visto sorprendidos al saber que en el Código de Procedimiento Penal se estaban incluyendo temas relativos al desempeño del sector privado", dijo Salinas, respecto al proyecto de ley que se trata en el Legislativo.

A pesar de que habían conversado con el ministro de Justicia, Héctor Arce, sobre los códigos que conciernen al sector empresarial, la autoridad indicó que eso no estaba en sus manos sino en el Legislativo.

El ejecutivo de la Cámara Nacional de Comercio sostiene que una de las células más importantes de la sociedad boliviana es la empresarial, las empresas en sí. "Las empresas tienen que tener la protección del Estado porque somos los que generamos empleos, productos; damos vida a nuestro país", apuntó.

Lamentó que a la entidad jurídica se le cause problemas por la vía penal, con el proyecto de ley que se trata en el Legislativo. "Porque resulta que ahora un contador, que se apropie de dinero, no paga a las AFP, y desde este momento la empresa se vuelve ya un sujeto, (y puede ir ) a un proceso penal", señaló.

Expuso también que la representación de una empresas recae en el gerente o en el directorio, pero este caso, de aplicarse lo que manda la norma, va tenerse gerentes presos, empresas liquidadas, por temas penales; pese a que existen procedimientos; los temas penales son intuito persona.

Propuesta

Por otra parte, de acuerdo con Ciro Añez, abogado y asesor legal empresarial, el proyecto de ley busca criminalizar el patrimonio empresarial, porque la sanción es directa al patrimonio de la empresa (persona jurídica), desde el 5% hasta el 20% del patrimonio neto, además de la pérdida de beneficios fiscales, medidas cautelares reales (congelamiento de cuentas, anotaciones preventivas de bienes, etc.) y la pena más alta es perdida de la personalidad jurídica (esto es, su eliminación).

“Lo alarmante es que este proyecto elimina el art. 13 del Código Penal vigente”, que se refiere a la responsabilidad penal del órgano y del representante, siendo que ella permite una extensión de la imputación de la autoría a toda persona natural (administrador o representante), que trata de encubrir su responsabilidad con la persona jurídica.

“De eliminarse esta disposición normativa, los propietarios de las empresas no podrían accionar penalmente contra sus administradores, gerentes o representantes, que hubieran cometido delitos contra la empresa, dando de esta manera cabida a que se incrementen los denominados “delitos de cuello blanco”, perpetrado por personas inescrupulosas dentro de la administración de la empresa”, señala.

Marco jurídico

Salinas considera que el actual marco jurídico resuelve ya estos temas. “Ahora, uno de los argumentos que tienen es que hay convenios que ha firmado el Estado, en los sí hay delitos contra empresas jurídicas a nivel internacional, en los casos de corrupción y delitos internacionales", señaló.

El empresario señala que Bolivia debe cumplir este precepto, pero que no afecte al diario vivir de una empresa.

Como ejemplo, señaló que a empresas constructoras de Tarija hace dos años que no les pagan, no tienen flujo, por tanto no pueden cumplir sus compromisos; “y a los tres meses se vuelve delito penal contra las empresas y nuestros gerentes acaban presos”.

Protección

Ante ese panorama adverso para el sector empresarial, Salinas pide protección del Estado y que se apliquen las reglas establecidas, de lo contrario los efectos serán negativos, y puede provocar cierre de empresas, desempleo e incertidumbre pública.

Dijo que en la próxima reunión plantearán el tema a los ministros.