Patrimonialismo y corrupción

La tónica del actual gobierno es el despilfarro de recursos públicos más que el buen uso de los mismos, desde las grandes decisiones para hacer cumbres (siete con un costo de 70 MM Bs) mundiales de los pueblos, con dudosos beneficios para el país, hasta asuntos de menor cuantía, como trasmitir partidos de futbol en los que juega el presidente, con un costo significativo por uso del satélite y logística; resultando cuando menos desconsiderado, que maltrata a los bolivianos. ¿Cómo pueden gastar más en proyectos deportivos que en proyectos de salud?

El patrimonialismo es un concepto desarrollado por Max Weber referido a la enajenación (casi irregular) de los recursos, o despilfarro de recursos (dinero). Por más de una década el gobierno se ensalza con la muletilla: “gobernar para el pueblo”. ¿Qué ha hecho?, ha valorado los bienes, pero nunca los ha producido, valiéndose de una burocracia (neo y para-indígena) que facilonamente se “adueñó” del patrimonio. De hecho, los recursos del TGN o del “Evo Cumple” se lo advierte como “gasto” (despilfarro), casi sin planificación beneficia -más- a la burguesía (vieja y emergente), reciclando empresas colonialistas en desmedro del pueblo, pero insuflando rasgos de corrupción en el poder en complementación con oligarquías de viejo cuño y algunas organizaciones sociales (no movimientos sociales, entre otros, el universitario) que expolian recursos (hidrocarburos, minería, impuestos etc.).

El patrimonialismo está ligado a un sistema político indeseable, e incluso corrupto. Se habla de “comisiones” (porcentaje de organismos económicos favorecidos) que permiten una danza de MM $us sin consenso ciudadano. Se movió 1.250 para una planta de urea en el Chapare. 600 en carreteras doble vía para 40.000 motorizados destartalados. 300 para un satélite. 800 para teleféricos. 148 en los taladros de YPFB. 36 para casa del pueblo. 398 para Carsón Corviam en carreteras y proyecto Miguillas. 500 o más con CAMCE. 30 en Barcazas chinas. 9,3 para nuevo edificio de YPFB. O en Bs. 57 para equipos de BTV (años 2013, 14, 15). 70 que subvenciona el periódico Cambio. 270 en el museo de Orinoca. 4,5 en Cumbre Anti-Trump. 300 en el desfalco del Fondioc. 140 para la Elección judicial, etcétera, son tantos….

Este fenómeno generalizado (obsecuente y capitalista) de la “invitación directa” ha eximido las licitaciones públicas y transparentes. Sin disimulo favorecen a la mejor oferta, o al que proponga mejor soborno, ¿es así? Ahora, 11 años después, se ha insuflado en el poder, se ha conchabado con el gobierno. En consecuencia, urge una reforma que se sustente constitucionalmente. De otro modo la desesperada idea de “nacionalizar” la comisiones de ese 10% (Humberto Vacaflor) producto de una indignación legitima, será recurrente.

Las inversiones/gastos, no son malos per se, lo indignante es que se miente, se insulta el sentido común cuando se dice que administran los recursos mejor que los neoliberales, pero eximen cruciales necesidades como la salud, educación y empleo. De hecho, los neoliberales no accedieron a cerca de 250.000 MM $us (gracias al imperio, a EEUU que lidera la regulación de precios internacionales de hidrocarburos o minería, etc.), monto del cual se ha beneficiado el actual régimen ¿Qué hacer? implementar un sistema legal/racional democrático, sin presión política, cuya estrategia sea omnipresente, es decir que la inversión/gasto sea consensuada con la sociedad civil (Hegel) y así sea más efectiva.

El autor es Director del CISEC.