Mujer denunció amenazas gubernamentales

Managua.- Una mujer que sacó a luz pública un caso de tortura contra su hermano, realizado supuestamente por la Policía de Nicaragua, denunció ayer haber recibido amenazas contra ella y su familia, en el marco de la crisis que ha dejado cientos de muertos en protestas contra el presidente Daniel Ortega.

La campesina Antonia Cruz, quien el lunes pasado denunció en Managua las torturas sufridas por su hermano Bryan, acusado de ser manifestante, dijo este miércoles que no puede volver a su casa, al norte de Nicaragua, por amenazas contra su integridad física.

"Dicen que no puedo volver a mi casa porque se van a desquitar conmigo porque ando aquí, dicen que me van a quitar uña por uña", dijo Cruz en una conferencia de prensa.

El lunes la mujer logró que su hermano narrara en una conferencia de prensa, vía telefónica desde un hospital, las torturas sufridas supuestamente por los policías Martín García y Edwin López, más otro de apellido Lechado.

Los agentes partieron el pecho y el abdomen del joven con un cuchillo, y lo apuñalaron hasta cortar sus testículos el 30 de agosto pasado, en el municipio de Pueblo Nuevo, a 207 kilómetros al norte de Managua, según la denuncia.

"También amenazaron a un cuñado mío, David Sánchez, tengo miedo por mis hijos (un adolescente de 15 años, y dos niñas de 12 y 3 años), si algo me les pasa, son ellos los que andan haciendo daño", sostuvo Cruz.

El drama de la campesina se acentúa debido a sus escasos recursos económicos, ya que ella se gana 3 dólares diarios con la venta de verduras en su municipio, y actualmente no tiene ingresos para refugiarse en Managua, según explicó.

Las autoridades nicaragüenses no se han referido a ninguna de las dos denuncias hasta ahora.

Además, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) confirmó que el joven es custodiado mientras se recupera de las heridas en el hospital, y señaló que en este caso son los policías los que deberían estar detenidos.

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), ha responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual.

Asimismo, la crisis, la más severa en Nicaragua desde los años 80, ha dejado entre 322 y 448 muertos, según cifras de grupos humanitarios locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo solo contabiliza 198 víctimas mortales.

El presidente Ortega, a quien desde abril una parte de los nicaragüenses le exige su renuncia, junto con la de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, mantiene distancia de los señalamientos, e insiste en que ser víctima de un intento de "golpe de Estado". (EFE)