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Fundación Jubileo

Oficinas de Transparencia no cumplieron su función

> El cumplimiento de políticas de transparencia institucional establecido en la CPE y normativa conexa no fue cabalmente desempeñado por las entidades el Estado, señala un informe difundido por la Fundación Jubileo


UNA DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS QUE RECLAMA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA.

Las oficinas de Transparencia implementadas en todas las entidades públicas no cumplieron con las funciones para las que fueron creadas, “… no se enfocaron en el desarrollo de políticas de transparencia y acceso a la información”, señala el informe de “¿Cómo dejaron al país? con gastos elevados deuda externa, ahorros disminuidos y menores ingresos”, publicado por la fundación Jubileo.

El informe señala que la implementación de las unidades administrativas de Transprencia tienen severas deficiencias, entre estas la falta de información disponible en sus portales electrónicos.

“Asimismo, no se dispone de formularios de acceso a la información en línea; ambos hechos permiten concluir que las unidades de Transparencia no se enfocaron en el desarrollo de políticas de transparencia y acceso a la información”, señala el documento.

Jubileo hace hincapié que la transparencia y acceso a la información dentro de la gestión pública es la capacidad de los organismos del Estado para dar a conocer datos, documentos, políticas y procesos de toma de decisiones e incluir la posibilidad de verificar su exactitud por la sociedad civil y denunciar posibles hechos de corrupción.

SECTOR

HIDROCARBUROS

Refiere que dentro del sector hidrocarburos, la transparencia y acceso a la información constituyen principios fundamentales para una buena gobernanza del sector.

En ese sentido, el estudio realizado por la Fundación Jubileo sobre la transparencia en la gestión de hidrocarburos, da cuenta que la publicación actualizada, en su portal oficial, de la normativa inextensa del sector, planes, programas, proyectos actuales y futuros, contratos y adendas relacionados con las actividades de toda la cadena hidrocarburífera no se encontraron disponibles.

“Se evidencia, además, el incumplimiento recurrente de la Ley 3740 al no publicar información sobre los contratos petroleros en los plazos y desglose requerido por la norma citada.

Finalmente, las instituciones analizadas del nivel subnacional – principales beneficiarios directos de los recursos de la renta petrolera- no cuentan con iniciativas y/o políticas de transparencia que permitan a la población conocer la gestión de la institución y, a partir de ella, la gestión que se realiza de los hidrocarburos y su renta petrolera en beneficio de los ciudadanos de su región”, señala documento recientemente difundido.

Observa también que si bien a nivel central los portales web publican las rendiciones públicas de cuentas e informes de gestión, éstas, por un lado, muestran datos agregados y no en detalle sobre las actividades y presupuestos ejecutados por cada institución, por otro lado, no se tiene disponible elementos como programas estratégicos, operativos

y presupuestos de las instituciones que permitan validar lo expuesto en las rendiciones públicas de cuentas.

“Con todo lo expuesto, se evidencia la urgente necesidad de que las autoridades públicas de los niveles central y subnacional asuman acciones para cumplir la normativa relacionada con la transparencia y acceso a información; además se requiere la implementación nuevos principios, directrices y normas que establezcan la información mínima que debe ser publicada, mecanismos para el acceso a información y sanciones ante posibles incumplimientos, todo ello con el fin de promover una adecuada participación y control social de la sociedad civil en el sector hidrocarburífero”, señala el documento de Jubileo.

NORMATIVA VIGENTE

La normativa legal vigente para la gestión de transparencia institucional y acceso a la información está establecida en la Constitución Política del Estado (CPE), en la Ley Nº 3740, y Decreto Supremo Nº 28168 mediante las cuales se dispone que la información pública debe ponerse a disposición de la sociedad civil; sin embargo, ambas normas no son puestas en práctica por la mayoría de las instituciones analizadas por Jubileo.

 
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