Gobernación descarta malversación de IDH

Santa Cruz, EL DIARIO.- Las constantes denuncias contra el gobernador del departamento de Santa Cruz, Rubén Costas, obedecen a una persecución sistemática emprendida desde el Ejecutivo para desgastar la imagen de la primera autoridad, dijo el secretario de esta repartición, Vladimir Peña, quien aseguró que no existe ninguna malversación de recursos como los destinados para el Laboratorio de Investigación y Diagnóstico Veterinario (Lidivet).

Peña aseguró que esta partida delegada del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) fue destinada a un programa del Gobierno Autónomo Departamental y luego se programó para impulsar el Lidivet. Explicó que la denuncia no corresponde porque durante las gestiones 2006 y 2007 la Gobernación utilizó irregularmente recursos que fueron transferidos al centro de investigación en cuestión, que está abocado a apoyar la producción y el desarrollo del departamento.

“Se entregaron los recursos a esta institución del Gobierno Autónomo Departamental que es descentralizada y tiene su propia autonomía de gestión, mediante una transferencia, contemplada en el decreto reglamentario 28421, que establece la forma de utilización de recursos del IDH”, sostuvo.

17 PROCESOS

Peña sostiene que este proceso, es uno de los 17 que tiene el Gobernador en su contra, involucra una clara intencionalidad política, como se ha venido denunciando, debido a que el Gobernador Costas, además de una alta popularidad, tiene una imagen muy fuerte de honestidad y transparencia, que el Gobierno busca desgastar. “Desde el 2006, cuando asumió Rubén Costas, se ha dado a la entonces Prefectura y actualmente Gobernación un sello de transparencia, con iniciativas del propio Rubén Costas, como la rendición de cuentas, colocar todos los informes en el portal web, las licitaciones transparentes, entre otras”, acotó.

Peña indicó que la estrategia del MAS es desgastar la fuerte imagen del Gobernador, argumentando que la transferencia de recursos al Lidivet se hizo con una partida presupuestaria que no era la adecuada, basándose en procedimientos técnicos sobre las fórmulas o el clasificador presupuestario, con la finalidad de confundir a la población buscando convencer que se trata de malversación de fondos, cuando lo que se investiga es si con dinero de IDH se podía o no pagar las actividades de ese centro.