Desestimar lo bien hecho es contrario al país

Para nadie es un secreto que, en la culminación de la marcha de los hoy llamados “grupos TIPNIS” y que ha captado la simpatía y el apoyo de toda la comunidad nacional, se haya firmado una llamada “ley corta” para dar fin al conflicto y con la extensión de suprimir cualquier contrato o compromiso para construir la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos dividiendo la reserva nacional con serios perjuicios para el país y muy especialmente para los poblados instalados en esas regiones.

Lograda la calma, vueltos a sus sitios de origen los marchistas, sembrada la creencia de que habrá nuevas rutas para la carretera, que se preservaría todo lo que corresponde a las reservas, respetando la Constitución Política del Estado y habida la seguridad de que el problema ha concluido, surgen dos hechos: el primero, que tanto el Presidente como el Vicepresidente insisten en “debatir sobre la carretera” porque el acuerdo firmado “no correspondería a la realidad”. Al respecto, cabe preguntar: si no había seguridad en lo que se hacía, si no convenía a ninguna de las partes, si el caso con los compromisos con el Brasil está consolidado y si, en criterio de las autoridades, no “hay vuelta que dar en el problema”, ¿para qué se firmó la “ley corta” y para qué se convenció a los marchistas y a la comunidad nacional sobre la anulación de los llamados acuerdos iniciales?

La segunda posición: surge una “marcha” de campesinos organizados sobre la base de colonos y pobladores de regiones que tienen que ver con los cultivos de coca, dizque para contrarrestar o contradecir o anular lo tratado con los “TIPNIS” originales y que dio fin al conflicto que culminó con una marcha de más de 60 días y que despertó el apoyo y la solidaridad de todo el país y de la comunidad internacional.

El grupo surgido en Cochabamba ha contado, desde sus inicios, con el apoyo decidido de las autoridades, hasta con el acompañamiento de ambulancias, médicos, enfermeras y grupos de auxilio -ventajas y apoyos que en ninguna forma han recibido los auténticos y originarios marchistas que, por el contrario, han sido boicoteados en todo su accionar y en todo el trayecto recorrido-.

Ahora, hay insistencia en el problema y todo muestra que, con la llegada de los “marchistas que apoyan la construcción de la carretera con base en los proyectos originales”, el problema tendería a agravarse, aunque el régimen, por declaraciones de los primeros mandatarios, “estaría decidido a concretar los acuerdos originales”. Estas posiciones duales y que no corresponderían a un Gobierno consciente y responsable, podrían determinar nuevos conflictos.

Lo más grave de esta situación y ante las insistencias, es que parece que no se proyectó alternativa a los proyectos originales y ello querría decir que todo lo positivamente avanzado quede en nada y toda la región estaría en peligro de ser sometida a la acción de quienes vayan a construir, “de todas maneras”, la conflictiva carretera.

Esta situación despierta la preocupación y angustias de toda la población, porque vivir un nuevo drama como el pasado en los meses de septiembre y octubre, no corresponde, especialmente para quienes han sido protagonistas de la defensa de sus derechos. El Gobierno, atenido a sus compromisos y a la palabra empeñada, tendrá que examinar decisiones y actuar en consonancia con los intereses generales del país y no para cumplir o satisfacer conveniencias y acuerdos hechos con el Brasil, a cuyas autoridades les importa muy poco que Bolivia respete o no sus intereses para preservar reservas importantes no sólo para el país sino para el mundo.