Responsabilidades

En días pasados, ante la presencia de nuevos magistrados y representantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo y otras autoridades nacionales y extranjeras, el Presidente de los bolivianos aseveró: “no llegué al Gobierno para engañar… si algún error o delito voy a cometer, si es un tema legal es por culpa de mis abogados y abogadas, si hay un problema de los derechos humanos, será por culpa de algún Ministro o Ministra, los problemas económicos o temas del Estado serán responsabilidad de algún compañero o compañera… Si me juzgan, si me meten a la cárcel iré contento; pero yo diré públicamente que es por culpa de mis asesores jurídicos o económicos, por ellos estoy yendo a la cárcel, pero no por robar , ni por mentir, ni por ser flojo, seguramente por no entender las normas”.

Cabe recordar que en dos oportunidades en los últimos seis años, el Presidente juró ante los bolivianos respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política y las leyes del Estado boliviano. En otras palabras, adquirió responsabilidades de orden moral, por sus acciones desde el punto de vista ético y particular; social, por el compromiso que tiene ante la sociedad; jurídico, por hechos jurídicos causados como gobernante; político, por el uso del poder; administrativo, por la obligación que tienen los gobernantes de cumplir y hacer cumplir las normas en el campo de la administración, economía y finanzas del Estado; internacional, por la representación del país que asume en el contexto mundial.

Asimismo, la Ley 1.178 de julio de 1990, del Sistema de Administración y Control Gubernamentales (Ley SAFCO), resalta las responsabilidades administrativas de los gobernantes y funcionarios públicos. El Presidente no debería olvidar que promulgó la Ley 004 de marzo de 2010 (Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz), que decreta la “lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas”, que investiga, procesa y sanciona los actos de corrupción cometidos por ex gobernantes y ex servidores públicos.

Resumiendo, cuando el presidente Morales se hizo cargo del Estado boliviano adquirió una responsabilidad constitucional que tiene carácter jurídico-político. La responsabilidad jurídica se refiere a inconductas constitutivas de ilícitos constitucionales, de fundamento penal o administrativo, por el mal desempeño del cargo público, la infracción a la Constitución y las leyes o la comisión de delitos, lo que da lugar a un juicio político sometido a la Constitución y las leyes.

En cuanto a la responsabilidad política, los órganos que admiten la acusación y que juzgarán a cualquier ex mandatario son políticos (Asamblea Legislativa), actuando con libertad o discrecionalidad a la hora de investigar y sancionar las inconductas en los ilícitos constitucionales, en especial de orden riguroso o represivo.

En consecuencia las mencionadas declaraciones del señor Evo Morales en vez de protegerlo le hacen daño, porque muestran que no conoce sus obligaciones como primer mandatario, situación que revela nuevamente la falta de una adecuada conducción política, social y económica de su gobierno, porque desdeña toda teoría moderna y confía más en organizaciones campesinas, sindicales, militares y policiales, utilizando sin fundamento la retórica de la “revolución, repotenciación o re modernización”.

Ojalá el Presidente se dé cuenta de que no siempre tiene la razón y junto a sus colaboradores no sigan incurriendo en exabruptos que hacen daño al país.

El autor es docente universitario.

almamor2003@hotmail.com