Ambos escándalos de corrupción se descubrieron por hechos fortuitos

Villegas no quiere que lo comparen con Santos Ramírez en el manejo de YPFB

Un asesinato y un accidente de tránsito fueron la punta del ovillo para descubrir graves hechos de corrupción en el interior de la estatal petrolera, en diferentes gestiones.


EL ACTUAL PRESIDENTE DE LA ESTATAL PETROLERA, CARLOS VILLEGAS DURANTE UNA INSPECCIÓN CON EL PRIMER MANDATARIO.

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, rechazó ayer, las comparaciones hechas entre su gestión y la de Santos Ramírez, ex responsable de la petrolera estatal, respecto a la construcción y puesta en marcha de la Planta de Separación de Líquidos de Río Grande y los hechos de corrupción que rodean a ese millonario proyecto.

Ramírez que fue estrecho colaborador del presidente Evo Morales, en entrevista cedida al programa televisivo “No Mentiras de PAT” la pasada semana, dijo que en la gestión de Villegas “se legalizó la corrupción”, a tiempo de expresar que no entiende cómo se pasó de 85 millones a casi 160 millones de dólares para construir la planta de Río Grande.

Ayer en una entrevista con medios estatales publicada por ABI, Villegas justificó, la inversión de 159,5 millones de dólares en ese proyecto, casi el doble del precio que estableció Ramírez en 2008 y rechazó enfáticamente que exista un sobreprecio en el costo.

Aseguró que los trabajos de ingeniería, obras civiles y equipamiento que realiza Astra Evangelista S.A. (AESA), parte de la estatal argentina YPF, no se comparan a las labores que iba a desarrollar Catler Uniservice, que pagó coimas, para adjudicarse la construcción de la Planta de Río Grande y puso en prisión a Ramírez en 2009.

“Nosotros tenemos todo el respaldo por eso aceptamos la auditoria internacional que ha instruido el Directorio (de YPFB) y cualquier auditoría que pueda ser definida por el Ministerio de Transparencia, por el Ministerio de Hidrocarburos, por la Contraloría”, afirmó.

Villegas enfatizó que el precio y diseño propuesto en 2008 por Ramírez y una empresa “fantasma” no tiene un respaldo técnico ni científico.

“Santos Ramírez define un precio de 86 millones de dólares que saca de la galera, que saca no sé de dónde. No hay ingeniería conceptual no existe ingeniería básica extendida ni mucho menos ingeniería de detalle, procura o construcción”, complementó.

Respecto al proceso contra el ex gerente de Plantas de Separación de Líquidos de YPFB, Gerson Rojas, y otros funcionarios implicados en presuntas coimas para la adjudicación de la Planta de Rio Grande, Villegas reafirmó que las investigaciones deben continuar “caiga quien caiga”.

AESA ha negado pagos ilegales, sin embargo, el Directorio de YPFB instruyó la contratación de consultores internacionales para realizar una auditoría técnica y financiera a ese proyecto.

“Es una decisión atinada porque no solamente esta coima hay que aclarar, sino hay que aclarar todo el proceso”, dijo Villegas.

Por último, indicó que todas las acciones de la petrolera estatal están supeditadas al control de la Unidad de Auditoría Interna y Unidad de Transparencia (internas), la Contraloría del Estado y el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción (externas).

CASO CATLER

El año 2009 los hechos delictivos que destaparon una cadena de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con el contrato con Catler-Uniservice. A pesar de pasado el tiempo el dinero desembolsado no pudo ser recuperado.

Los actos dolosos fueron denunciados por el Gobierno después de quedar al descubierto con el asesinato de Jorge O´Connor D´Arlach y el robo de 400.000 dólares, involucrando a Santos Ramírez y otros ejecutivos de la estatal.

O´Connor era máximo ejecutivo de Catler-Uniservice, que firmó contrato con Ramírez para instalar una planta separadora de licuables en el campo Río Grande. El proyecto quedó en suspenso y con fondos estatales sin poder recuperarse.

CASO AESA

El 17 de junio de este año se produjo un accidente de tránsito en Yapacaní (Santa Cruz), provocado por el exgerente nacional de plantas de separación de líquidos, Gerson Rojas, en un auto oficial, según su declaración informativa, el presidente de YPFB sabía de su viaje.

A raíz de la investigación, se revisaron dos cajas de seguridad del Banco Mercantil Santa Cruz, allí se encontraron 90.000 dólares, anotaciones de supuestos montos y fechas de movimientos de dinero. El funcionario Agustín Ugarte retiró el contenido de la segunda caja después del accidente.

Ugarte en enero de 2011 recibió instrucciones de Gerson Rojas para hacerse presente en cierto lugar en Santa Cruz, donde le entregaron 100.000 bolivianos.

 
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