Investigación agropecuaria para la revolución productiva y soberanía alimentaria

Ing. PhD. Vladimir Orsag C. (Parte 1)


El 2011, el gobierno del presidente Evo Morales ha promulgado la Ley 144 sobre la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, para que a corto plazo -disposiciones transitorias- se pueda garantizar la Seguridad Alimentaria de los bolivianos en base a 9 políticas orientadas a revolucionar la producción de alimentos básicos.

Aunque se afirma que esta Ley ha sido trabajada por varias instituciones, algunas como la Coordinadora de Integración de Organizaciones Campesinas de Bolivia (CIOEC), han hecho conocer sus reparos y han advertido que esta ley no garantizará la seguridad alimentaria (El Diario, Junio 2011) porque excluye a algunos actores que promueven el desarrollo productivo y solo apoya a los sindicatos campesinos, organizaciones sociales campesinas afines al gobierno. Asimismo, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), llama a la reflexión (La Razón, junio 2011), indicando que si bien esta ley es interesante, no contempla la solución de problemas apremiantes para dar seguridad a la producción de todo el sector agropecuario - empresas agropecuarias, pequeños y medianos productores y otros, que se ven amenazados por el avallasamiento de sus tierras, por la burocracia que impide la aprobación ágil de planes de desmontes, ordenamiento predial, quemas controladas y otros; así como los trámites de saneamiento y titulación de tierras.

Todos estos aspectos, según ANAPO generan un ambiente de inseguridad para la inversión en la producción agropecuaria, por lo que convoca al gobierno a retomar el tratamiento de algunos temas contenidos en la Agenda Productiva tales como la seguridad jurídica, acceso a recursos financieros, liberación de exportaciones, infraestructura caminera, diversificación tecnológica, entre otros. De la misma manera (La Razón 3 de julio de 2011) se indica que pueden surgir algunos problemas entre las Organizaciones Económicas de Comunidades Campesinas y las Organizaciones Comunales

A pesar de estas observaciones y sugerencias, La Ley 144, es muy importante para el país por los objetivos que se plantea, entre los que destaca el de paliar y solucionar la crisis alimentaria que afecta al país debido a varios:

Entre algunas causas del desabastecimiento temporal y espacial de algunos alimentos, está principalmente los efectos de los cambios climáticos que derivan en la disminución de las precipitaciones en los primeros meses de la época de lluvias e intensificación en los meses de enero, febrero y marzo. El incremento de las lluvias está incidiendo en el deterioro de los suelos de ladera por erosión hídrica y pérdida de su capacidad productiva (principalmente en las regiones áridas, semiáridas y sub húmedas secas del país), mientras que los aumentos de temperatura promedio pueden acelerar las tasas de mineralización de la materia orgánica, componente fundamental para la fertilidad física, química y biológica de los suelos, que ya en sí es baja en gran parte de las tierras de estas regiones. También estos aumentos de temperatura pueden acelerar, los procesos de salinización y/o alcalinización de los suelos en zonas planas y donde las precipitaciones (P) son menores a la evapotranspiración potencial (ETP), afectando aun más su productividad. Asimismo, los cambios climáticos favorecen el incremento de plagas y enfermedades de manera alarmante y, por consiguiente, provocan la pérdida de cosechas.

El aumento de la demanda y de los precios en el mercado internacional para algunos productos nacionales como la quinua, favorecen su exportación o contrabando, tornándose inaccesibles para gran parte de la población nacional.

La crisis de los hidrocarburos durante los años 2007 y 2008 -el precio del barril alcanzó cerca de los 145 $US- obligó a que muchos países de América y Europa inicien una serie de emprendimientos para buscar alternativas que remplacen a los derivados energéticos del petróleo. Para tal fin se comenzó a utilizar algunos productos agrícolas, que tienen alto contenido de carbohidratos (yuca, trigo, cebada, maíz, mijo, soya, sorgo y otros) para la obtención de los llamados agrocombustibles o biocombustibles, aspecto que incidió notablemente en el incremento de los precios a nivel mundial.

A estos problemas, se suman otros de carácter socioeconómico como la parcelación excesiva de la tierra, el incremento de la frontera agrícola, el aumento de la presión sobre la tierra por disminución de los periodos de descanso, monocultivo, etc., así como la pérdida de la visión del manejo integral de los recursos naturales por los comunarios y pobladores, la complejidad de las condiciones territoriales, sociales y culturales, los problemas de contaminación de los recursos hídricos en algunos sectores y otros, que hacen pensar que la implementación y el logro de las políticas plasmadas en esta importante ley no van a ser muy fáciles y rápidas.

Ante esta problemática, se requiere buscar soluciones. Uno de los caminos es hacerlo en base a investigaciones básicas y aplicadas, para lo cual es necesario y prioritario que el Instituto Nacional de Innovaciones Agropecuarias y Forestales (INIAF), creado durante el gobierno del presidente Morales, retome el papel central de la investigación impulsada por el Estado que cumplía el Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria (EX IBTA) antes de ser eliminado durante los gobiernos neoliberales. Sin embargo, hasta el momento parece que el INIAF no está pudiendo cumplir a cabalidad su misión, visión y objetivos para apoyar la soberanía alimentaria y la revolución productiva por diversos motivos como un presupuesto insuficiente o nulo del TGN para la investigación, falta de continuidad e institucionalidad de los cargos jerárquicos y de los investigadores y técnicos de algunos programas, entre otros. En ese sentido, es necesario e imperante que el gobierno nacional fortalezca y apoye al INIAF en todos los aspectos de tal manera que la Revolución Productiva y Soberanía Alimentaria sean una realidad y fortalezcan y apoyen de manera efectiva la producción de alimentos sanos y nutritivos, sin perder de vista principalmente las cadenas productivas, la sostenibilidad y un manejo adecuado de nuestros recursos naturales (suelos, agua, praderas y bosques).

 
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