Seis miembros del Ejecutivo y cinco de los medios

Recursos del seguro serán administrados por consejo con mayoría gubernamental



La Comisión de Diputados con la ministra Dávila sellando el seguro de vida para periodistas.

Con la aprobación del proyecto de Ley de Seguro para periodistas en la Comisión de Planificación, también se crea el Consejo Directivo, con mayoría de representantes del gabinete ministerial, que será el encargado de fiscalizar la administración de recursos que serán retenidos de los medios privados en 1 por ciento y comunitarios en 0.25%.

El proyecto que será ingresado para consideración de la plenaria de la Cámara Baja en los siguientes días, consta de 13 artículos, una disposición transitoria, una final y una abrogatoria, destacando que el Ministerio de Comunicación es la instancia encargada de reglamentar la ley en el plazo de 120 días desde su promulgación.

Como estaba previsto se terminó por aprobar la cuota del 1 por ciento del ingreso mensual bruto que generan los medios privados, en contraposición con el 0.25% que será registrado por los medios “independientes” o comunitarios.

Los beneficiarios serán aquellos trabajadores de los medios de comunicación que acrediten su filiación a alguna organización gremial y la administración de los recurso correrá por cuenta de una entidad financiera que será convocada públicamente, aprobada y fiscalizada por el Consejo Directivo con control mayoritario del gabinete ministerial.

Para la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) esta aprobación acelerada representa una nueva agresión al gremio, que ya expresó su disconformidad con un modelo discrecional en la administración de los recursos.

“Confirman nuestros temores porque la mayoría estatal del Consejo Directivo, con seis miembros frente a dos representantes de medios, y tres de los trabajadores, tiene facultades de fiscalizar la administración del fondo y simultáneamente tendrá atribuciones para firmar contratos, convenios y otros compromisos que pondrán en riesgo al fondo. La lógica no admite una dualidad de funciones del administrador que también tendrá capacidad para gastar el dinero, con el voto mayoritario de funcionarios públicos”, cita un comunicado de ANP.

La composición del Consejo Directivo que fiscalizará los recursos cuenta con 11 miembros: un representante del Ministerio de Comunicación, un representante del Viceministerio de Políticas Comunicacionales, uno del Viceministerio de Gestión Comunicacional, dos representantes del ministerio de Trabajo, uno del Ministerio de Salud. Además otros cinco directivos de medios: dos de los propietarios de los medios de comunicación (no especifica si son de medios privados o comunitarios) y tres representantes de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia.

“De manera reiterada la ANP expresó conformidad y respaldo a un seguro de vida para los periodistas, pero el esquema presentado ayer formaliza una confiscación del 1% de ingresos por publicidad a los medios de comunicación, en contradicción con la universalidad que pregona el documento. Mientras los medios privados tienen una elevada carga tributaria, sólo se aplica el 0,25% de contribución a productores independientes, autogestionarios, medios de pueblos indígenas, comunidades interculturales y afrobolivianos”, agrega el comunicado.

 
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