Ante la “persecución política” en plena democracia

La oposición en Bolivia recuerda que incluso en dictaduras hubo amnistía



El caso del senador Roger Pinto es el último eslabón de la vulneración de derechos en tiempos de democracia.

La oposición en Bolivia lamentó que en 30 años de democracia se haya afectado las libertades civiles con la judicialización de la política. Recordaron al régimen del Movimiento Al Socialismo (MAS) que incluso en las dictaduras se dieron casos de amnistía, situación que es solicitada ahora para los denominados presos y perseguidos políticos.

La Asamblea Legislativa celebró los 30 años de democracia en Bolivia con una sesión extraordinaria, donde el oficialismo, desde el vicepresidente Alvaro García, se dedicó a exaltar los últimos seis años del denominado proceso de cambio como “un ejemplo” para la región y un logro dentro de la inclusión con la democracia participativa.

Para la oposición, el hecho de cumplir tres décadas de democracia ininterrumpida es loable para una sociedad que busca madurar en el uso pleno de sus derechos, sin embargo, no existen motivos para celebrar porque el régimen del Movimiento Al Socialismo (MAS) se dedicó a imponer una sola visión de país, utilizando todo tipo de estrategias que mermaron a los contrarios, pero sin respetar sus derechos políticos ni el Estado de derecho que debería imperar dentro de un país que vive en democracia.

Tras recordad los nombres de los mártires y las figuras que se comprometieron con el proceso democrático, como Marcelo Quiroga Santa Cruz, el padre Luis Espinal Camps, Domitila Chungara, entre otros, el diputado de Convergencia Nacional (CN) Luis Felipe Dorado, conminó al Gobierno a asumir plenamente el discurso de respeto a los derechos civiles y políticos, dando paso al pedido de amnistía que este frente realiza desde hace unos meses.

Dorado recordó que la amnistía política se dio incluso en los regímenes dictatoriales, agregando que la oposición “dará batalla hasta las últimas consecuencias”.

La representación de las Naciones Unidas en el país e incluso la Iglesia Católica han manifestado por separado que existe preocupación por la vulneración de derechos políticos en el país y por tanto solicitaron que las autoridades depongan acciones y reflexiones sobre la denominada “persecución política”.

Hace exactamente un mes, la delegada de NNUU en Bolivia, Yoriko Yasukawa, manifestaba que en el país existe una preocupante y permanente confrontación que dificulta el diálogo. “Nos preocupa que habiéndose superado el conflicto del 2008, siguen las actitudes agresivas de descalificación entre personas que piensan distinto”.

La oposición fue golpeada por el régimen de Evo Morales, especialmente desde 2008 cuando se produjeron enfrentamientos en los departamentos que concluyeron con la destitución de las autoridades electas como Leopoldo Fernández o la revocación de Manfred Reyes Villa y José Luis Paredes, líderes regionales que el MAS nunca pudo vencer en las urnas.

La constante es la manera en la que se acusa a las exautoridades, aplicando la nueva normativa vigente incluso de forma retroactiva para enjuiciar y detener a supuestos corruptos, instigadores, terroristas y otras figuras que se aplican según el caso.

Los movimientos sociales tampoco se libran de la hegemonía unipartidaria, tal es el caso del movimiento indígena del Tipnis que fue aliado al primer gobierno del MAS y que ahora, desde la disidencia, se ve sometida a denuncias y procesos que van desde el tráfico de madera hasta presuntas vinculaciones con el narcotráfico Esta perspectiva es la que repercute desde hace unos meses en el exterior, dando una imagen negativa de Bolivia como un país intolerante y alienado a regímenes totalitarios como el cubano.

 
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