Denuncias y ausencia de sanciones legales

Se ha hecho común que surjan denuncias sobre diversos hechos contrarios a las leyes que se producen en el país; muchas de las denuncias surgen en los últimos tiempos del mismo régimen de gobierno que, parecería, busca, luego de ocho años de una administración nada regular del Estado, que se aplique sanciones o se corrija situaciones anómalas.

El propio Presidente de la República ha expresado extrañeza de que los cooperativistas mineros ganen 30 mil bolivianos y, lo más grave, rehúyan el pago de impuestos. Además, se aplica la disposición en forma indiscriminada porque hay sectores de la minería que pagan el 1%; otros, el 1,5%; algunos el 4% y, muy pocos, el 55%. Estas son formas discrecionales de aplicar las leyes; pero lo extraño es que recién el Gobierno se haya dado cuenta de tal anomalía, cuando debería aplicar los remedios consiguientes hace muchos años.

Por su parte, la directora del servicio aduanero también denuncia robos que se producen en las aduanas; al respecto, este es un problema de siempre, pero recién se auto-informa la autoridad respectiva, cuando debió remediar esa situación hace mucho tiempo. Por su parte, el Ministro de Gobierno hizo saber, alarmado, que la región del Ichilo es el “epicentro” del narcotráfico. La verdad es que hace mucho tiempo, por lo menos en los últimos 25 años, que el narcotráfico tiene asentados sus reales en diversos sitios del país; pero recién las autoridades se dan cuenta de tal extremo.

Extraño por demás es lo permitido a las cooperativas mineras que, en rigor de verdad, hacen lo que quieren y eluden el cumplimiento de las leyes tributarias, sin que el Gobierno demuestre la fuerza de la ley e imponga lo que corresponde. Se cree, un poco ingenuamente, que la “nueva Ley de minería” pondrá coto a los abusos y regulará debidamente el pago de tributos al Estado, y modificará mucho el comportamiento de la minería en general.

Desde la “nacionalización” de las minas, el problema de tributos de la minería y otros sectores ha sido tema permanente y, en algunos casos, se ha expresado criterios en sentido de que los “barones del estaño” no pagaban impuestos, cuando la verdad es que cancelaban el 6%; es decir mucho más de lo que ha ocurrido en los últimos años. ¿Quién puede entender estas políticas permisivas que contribuyen a que algunos hagan lo que les viene en gana y otros sean los sacrificados por ser cumplidores de las leyes?

El problema de las denuncias debería ser investigado seria y responsablemente y aplicar las leyes que corresponde, porque no es posible permitir que en el país haya sectores privilegiados que muchas veces actúan inclusive al margen de las leyes. El Gobierno debería actuar seriamente en este problema y no estar atenido a la voluntad expresa de grupos que rehúyen cumplir las leyes o lo hacen sólo conforme a sus intereses.