Son más de 60, por simpatía con el MAS y corrupción

Impugnados: Costas, Pinto, Exeni y Quispe


Por simpatía y cercanía con el Movimiento Al Socialismo (MAS) los postulantes Antonio Costas, Juan Carlos Pinto, José Exeni y María Grigoriu, entre otros considerados seguros para ocupar una vocalía del Tribunal Supremo Electoral (TSE) fueron impugnados así como el exfiscal Humberto Quispe, quien se hizo famoso por la conformación de una Asociación de Víctimas que lleva su nombre y por tener más de 20 denuncias en su contra.

Estos postulantes junto a otros 60 fueron observados y piden eliminarlos de la postulación. Hasta el viernes se conocerá el fallo de la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El jefe de la Bancada de UD en Senadores, Óscar Ortiz, afirmó que se encontraron pruebas de postulantes que les ha permitido objetar su imparcialidad, quienes habrían desempeñado funciones en el actual Gobierno, mostrando designaciones que recibieron mediante Decreto Supremo directo del presidente Evo Morales.

Ortiz afirmó también que, en función a la información que obtuvieron del TSE, se encontró postulantes que fueron habilitados por la Comisión Mixta, registrados en los libros de militantes del MAS lo cual, dijo, es una prueba para impugnarlos.

Los nombres más llamativos que se encuentran en la lista de impugnados de UD son Freddy Cayo Azoreman, quien está trabajando hace varios años como asesor y secretario general del ministro de Gobierno, Carlos Romero.

José Luis Exeni, designado por Decreto Supremo por el presidente Evo Morales como vocal de la extinta Corte Nacional Electoral (CNE); Juan Carlos Pinto Quintanilla, quien desempeñó al menos cinco cargos con el actual Gobierno; además de haber sido despedido por el anterior TSE.

Martín Callizaya Cuaquira, quien desempeñaba funciones como embajador de Bolivia en Costa Rica, cargo enteramente de confianza del presidente Morales.

Ana María Forest Cors, designada por el presidente Morales como ministra de la Corte Suprema de Justicia. Rolando Garvizu, quien se desempeñaba como secretario general del Gobierno Municipal de Cochabamba; Yersin Oblitas Sánchez, quien fuera asesor de general de la Gobernación de Chuquisaca; María Goretti Grigoriu, designada por Decreto Supremo por el presidente Morales como vocal departamental del TDE, entre otros.

“Todos estos casos para nosotros son graves porque al haber sido personas beneficiadas con designaciones directas, obviamente en cargo de confianza del Presidente Evo Morales, no se podía argumentar que hoy cumplen con el principio de imparcialidad; no podían ser personas que nos den la seguridad y la garantía que queremos los bolivianos para que se recupere la confianza del TSE, dado que han tenido una relación política estrecha, en muchos casos con el propio Presidente y en otros con el gobierno y el partido del oficialismo”, dijo Ortiz

ANTONIO COSTAS

Por su lado, la bancada de Soberanía y Libertad (Sol.Bo) de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, impugnó la postulación a vocal del TSE del expresidente de la otrora CNE y exdirector del Servicio General de identificación Personal (Segip), Antonio Costas Sitic. No lo consideran una persona idónea.

La jefa de bancada de Sol.Bo, Willma Magne con documentos en mano dijo que Costas Sitic emitió dos directivas para eliminar dos incisos del artículo 38 de la Ley 4021 del Régimen Electoral Transitorio, con lo cual afectó la distribución de escaños del Movimiento Sin Miedo (MSM).

“Lo cual demuestra que siempre tuvo una afinidad con el MAS, porque con esa decisión favoreció al oficialismo, consideramos que no es la persona idónea para que ahora se postule como vocal al Tribunal Supremo Electoral”, dijo a tiempo de ratificar que la posición es orgánica.

A la carta presentada en la que se sostiene que el expresidente de la CNE definió una “desproporcionada asignación de escaños en la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz”, Magne adjuntó un análisis normativo electoral del resultado de escaños con y sin la aplicación del artículo 38 de la norma electoral transitoria.

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