Mirando el caso del Fondo Indígena

Falta de eficiencia, ausencia de control, incapacidad administrativa, además de distribución de dineros en calidad de retribuciones políticas, fueron las características del Fondioc (Fondo Indígena). Todo ese marco debía haber sido supervisado por su Directorio, formado por varios ministerios y representantes de los movimientos indígena-campesinos. Sin duda, la mayor responsabilidad recae sobre la cabeza del sector y presidenta del Fondioc, Nemesia Achacollo, entonces ministra de Desarrollo Rural y Tierras.

Miles y millones de bolivianos se otorgaba a título de proyectos, pero a simple solicitud, sin respaldos técnicos ni de factibilidad, menos garantías de ejecución. Por donde se vea, el Fondo Indígena era una caja abierta, al extremo que los desembolsos se los depositaba en cuentas bancarias personales.

Al presente el Ministerio Público ha dispuesto la detención de unos pocos responsables, entre los que se encuentra Melba Hurtado, Presidenta del Cidob y Damian Condori, disidente del MAS. Los senadores Jorge Choque y Felipa Merino prácticamente gozan de libertad. La opinión pública ha calificado las detenciones como distractivas y de corta duración, pues éstas tendrían meta en el referéndum del 21 de febrero de 2016, después de dicha fecha volverá a brillar el sol de la libertad para los detenidos.

La percepción general es que estamos ante medidas destinadas a mejorar de algún modo la imagen del Gobierno en vísperas del referéndum, medidas que siguen siendo marginales en vista de que Nemesia Achacollo, ex presidenta del Fondo Indígena, no es convocada a declarar, tampoco la ex candidata a Gobernadora, Felipa Huanca. Lo propio ocurre con Juanita Ancieta, dirigente de Bartolinas, etc., todas ellas implicadas en el caso.

Las referidas detenciones apenas si datan de hace dos semanas, antes la lenidad y omisiones de los fiscales era flagrante, pese a que la concreción de las denuncias data de 2014. No es la primera vez que este organismo da muestras de sus intervenciones solo por instrucción del Órgano Ejecutivo. Nunca se había visto una dependencia tan directa en compañía de los tribunales.

Hasta el momento existe una absoluta inacción para la recuperación de los desembolsos que, por ahora, superan los 150 millones de dólares, salvo la devolución voluntaria de alguna modesta suma. Nada se sabe acerca de que a nivel de fiscalía o de otras instituciones se hubiera iniciado investigaciones para dar con el verdadero paradero de los millonarios montos entregados.