Cambio de cédulas de identidad ¡preocupante!

Por iniciativas del Servicio General de Identificación Personal, estaría por aprobarse, por parte del Gobierno, la renovación de cédulas o carnets de identidad de toda la población; una medida que, tan solo por el anuncio, crea susceptibilidades y preocupación en la población que considera “atentatoria e inútil” la idea o, también se sostiene: querría implicar controles a la colectividad por razones políticas o de otra naturaleza.

Según el Segip, la medida obedecería a la “necesidad de tomar el control de los ciudadanos y centralizar de forma digital todos los datos en un solo documento con miras a evitar falsificaciones, etc.”. El proyecto incluiría la supresión del estado civil y profesión agregando la “autoidentificación étnica” y contará con medidas de protección para evitar falsificaciones.

Para el común de la población y dadas las limitaciones financieras del país, cambiar la cédula de identidad implicaría un “gasto ostentoso e inútil” y lo que corresponde es otorgar cédulas de identidad a todas las personas en todo el país. La medida, según expertos, implicaría la contratación de más personal y, además, “complicar la vida de las personas para conseguir el nuevo documento” que nadie garantizaría su efectividad y menos la necesidad del cambio.

En la susceptibilidad del ciudadano, el cambio implicaría “controles a la gente y pérdidas de libertad para que el documento sirva como medio no solo de identificación sino de saber qué hace, dónde va el poseedor y hasta qué funciones y dónde las cumple”. Hay, en general, desconfianza tan solo ante el anuncio y la mayoría de las personas sostiene que no acatará la medida por considerarla atentatoria para su seguridad.

El anuncio señala que el documento “serviría para identificar más clara y modernamente al ciudadano”. Al respecto, surge la pregunta: ¿Y qué de los que no se consideran ciudadanos, puesto que esta condición se la adquiere recién a partir de los 18 años; y qué de los niños y jóvenes hasta esa edad?

El caso es delicado e implementarlo implicará crear nuevos motivos de preocupación y susceptibilidad para la colectividad. Lo cierto es que la mala labor política, la depresión económica, los peligros de mayor carestía, por la mayor inflación que se avecina, por la no solución de los problemas financieros que afectan seriamente al pueblo y, además, por la poca o ninguna buena gestión del Gobierno, de quien nadie sabe cuándo ingresará en el campo de la buena administración del país, son razones para que haya angustia y preocupación que, más temprano que tarde, desarmonizará la tranquilidad y seguridad ciudadana que ya es muy deleznable. El país necesita mucho para vencer a la pobreza y el atraso; hay problemas de todo tipo que es preciso solucionar con honestidad y responsabilidad y el Gobierno, si se propone, podría encararlos debidamente.