Unión de conciencias defendiendo Libertad, Democracia y Justicia

Tomando conciencia plena de que es preciso unir esfuerzos, voluntades y propósitos, dos expresidentes y un exvicepresidente de la República, el Jefe de Unidad Nacional conjuntamente el gobernador de Santa Cruz y el alcalde de La Paz sostuvieron una reunión con la finalidad de reunir propósitos y actitudes coherentes para hacer frente a las políticas del gobierno que, vistas en todo sentido de la realidad que vive el país, son contrarias a las libertades, la justicia y la democracia.

Los reunidos, tomando conciencia de realidades y, por fin, haciendo abstracción de sus diferencias, han tomado a su cargo -en nombre de la colectividad nacional- la necesidad de que el gobierno cambie las reglas de juego imperantes en sus políticas y actúe conforme a las necesidades y urgencias que tiene el país. Ellos, consubstanciados de lo que se vive en los últimos once años, creen que sin goce pleno de las libertades, la justicia y la democracia no es posible una convivencia unificadora entre los bolivianos.

Señalan claramente: “Nuestra vocación democrática nos compromete con la unidad, no para resolver legítimas diferencias de pensamiento y de visión, sino para reafirmar ante nuestros compatriotas que creemos en la democracia como un valor que debe preservarse, profundizarse y defenderse sin tregua”. Consideran ajeno a los derechos del pueblo el que el gobierno haga uso, arbitrario generalmente, de la justicia para acomodarla a sus intereses y conveniencias; y en forma clara y contundente expresan: “El gobierno ha roto los límites de la independencia y coordinación entre poderes, ha transformado el Órgano Judicial en un instrumento de persecución política y ha violado normas, o ha creado normas arbitrarias a su medida para facilitar sus acciones en contra de sus adversarios, a quienes en realidad considera sus enemigos”. Y hacen ver que “la mayoría de ellos están sometidos a presiones y juicios”.

Reconocen que el Tribunal Supremo Electoral actuó en forma debida y coherente con el Referéndum del 21 de febrero de 2016; pero, condenan a la vez que los nuevos vocales de esa instancia hayan sido elegidos “a dedo” solamente siguiendo dictados del gobierno y su partido con lo que no se puede creer que haya una imprescindible neutralidad. Clara y terminantemente condenan “el intento de vulnerar la soberanía del pueblo que se pronunció en contra del intento de una nueva postulación del presidente Evo Morales Ayma y exhortan con vehemencia a los gobernantes y a todos los funcionarios del Estado a respetar el voto del pueblo”. Categóricamente, señalan: “Cualquier intento de forzar una nueva postulación del Primer Mandatario será inconstitucional y le dará la espalda a la soberanía inalienable de los bolivianos”.

Como todo el país, preocupados por lo que ocurre con el Poder Judicial, expresan: “Tanto gobernantes como gobernados coincidimos en el fracaso del Órgano Judicial, que es una de las principales razones por la que no podemos hablar de un verdadero funcionamiento democrático en el país”. Por ello proponen que la Asamblea Legislativa “nombre una comisión independiente que haga una evaluación de los postulantes. Esa Comisión deberá tener representantes de toda la sociedad y su calificación deberá tener un carácter vinculante en la preselección final de la Asamblea para la habilitación de los candidatos al proceso electoral judicial establecido en la Constitución”.

Finalmente anotan: “Afirmamos que trabajaremos unidos para denunciar ante la opinión pública nacional e internacional las acciones gubernamentales que se planifican y se realizan poniendo en entredicho las libertades ciudadanas en Bolivia. Para conseguirlo, hacemos público toda arbitrariedad presente y futura que judicialice la política, impulsaremos un informe serio y documentado de esta forma de persecución a la oposición a lo largo de los once años de gestión de la actual administración y haremos conocer a los organismos internacionales la situación crítica que vive la democracia boliviana”.

La “Declaración Conjunta” es clara, categórica y terminante que el gobierno, como era de esperar, la calificó como electoralista y, con seguridad que desconocerá los principios básicos de las verdades que contiene, puesto que es así como ha demostrado el régimen prácticamente desconociendo los derechos fundamentales de la Carta Magna y de los bolivianos. La mencionada declaración muestra, por otra parte, que, por fin, se encuentran visos de unión entre quienes ven la democracia boliviana en peligro y las libertades y la justicia bajo peligros de acciones dictatoriales que no deben ser. Será preciso que, en base a la unidad, a la propia conciencia y a los intereses del país, los personajes firmantes amplíen el ámbito de sus reuniones con representantes de instituciones de toda laya que tengan como principio y fin las libertades, la justicia y la democracia que, sin distinción de ninguna clase, deben ser defendidas por todos los bolivianos. Es loable, finalmente, que lo expresado en el documento no contenga intenciones o cálculos con miras a elecciones de 2019 que aún están muy lejanas habida cuenta además, que, en el ínterin, puedan producirse cambios efectivos de conducta y procedimientos en servicio y amor al país que es madre común de todos los bolivianos.