Extraña “transferencia” de un campo ferial en El Alto

El hecho de que el gobierno haya dispuesto una “transferencia a título gratuito” de una dependencia propia de la ciudad de El Alto y que pertenece, además, a la Gobernación de La Paz, ha causado mucha extrañeza en la colectividad no solamente de la ciudad de El Alto sino de la misma ciudad de La Paz porque se debe entender que las gobernaciones del país deben y pueden actuar con autonomía y mucho más utilizar predios e infraestructura construida para uso propio y no de un ministerio o de cualquier dependencia gubernamental que poseen medios para cubrir sus necesidades.

El criterio bien fundado de la economía se basa en una pregunta: ¿Por qué el gobierno no dispone la construcción de las edificaciones que requiere en los campos aledaños al campo ferial de la gobernación? ¿Lo dispuesto no obedece al deseo de anular a un medio de comunicación que funciona en esas instalaciones? ¿Por qué el Ministerio de Obras Públicas debe disponer de edificaciones y terrenos que ya tienen uso y razón de ser?

La mencionada transferencia resulta contraria a los intereses de El Alto que, como ciudad relativamente nueva, requiere de toda construcción para el buen funcionamiento de las múltiples reparticiones que debe tener y mucho más si en esas construcciones funciona una Feria que beneficia a la ciudad y hace más fácil la vida de la población.

El problema adquiere contornos muy especiales por el hecho de funcionar en parte de sus edificaciones la Radio Líder, que cuenta como parte de su programación con un espacio de periodistas que no concuerdan con políticas del gobierno. ¿Es que debe seguir la mala costumbre de anular a medios de comunicación mediante medidas directas o indirectas que los cierre? ¿No se debe hacer honor a las declaraciones en sentido de “respetar a los medios como expresión del sentir y pensamiento del pueblo” que tanto pregona el gobierno?

El país requiere, hoy más que nunca, conductas que permitan vislumbrar deseos de conciliación y armonía entre los bolivianos; de otro modo, cometer hechos arbitrarios que complotan contra los derechos inalienables del ser humano implica que las buenas declaraciones sobre sanas intenciones políticas son simple demagogia, que de serias no tienen consistencia ni credibilidad.

El gobierno, por propia conveniencia y responsabilidad, debe anular su intención de hacer efectiva la apropiación de un bien de la gobernación que por derecho pertenece a la ciudad de El Alto. Persistir en la arbitrariedad es crear condiciones para los reclamos y el surgimiento de problemas sociales porque la comunidad alteña ha declarado que “no aceptará que se vulneren sus derechos”. Evitar conflictos, discordias e injusticias debe ser labor prioritaria del gobierno y no permitirlas tan solo por causa de caprichos que no tienen razón de ser.