Expropiación de Sabsa

España asegura que negociaciones fueron “largas y complicadas”

• El 11 de mayo pasado, Bolivia y el Grupo español Albertis Infraestructura S.A. suscribieron un contrato, donde el Gobierno reconoció una indemnización de $us 23 millones por la expropiación de las inversiones españolas en Sabsa


El cuerdo pone fin a un arbitraje internacional en curso por la expropiación del Servicio de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa), concretada en febrero de 2013.
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El embajador de España en Bolivia, Ángel Vásquez Díaz de la Tuesta, dejó entrever que las negociaciones para alcanzar un acuerdo entre Bolivia y el Grupo español Albertis Infraestructura S.A. por la expropiación del Servicio de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa) fueron “largas y complicadas”, aunque expresó su satisfacción por el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el grupo empresarial español en mayo pasado.

El 11 de mayo ambas partes suscribieron un contrato transaccional, donde el Ejecutivo reconoció una indemnización de $us 23 millones por la expropiación de las inversiones españolas en Sabsa en 2013.

“Celebro que hayan llegado a un acuerdo y no esperar un laudo arbitral que es parte de la solución de controversias, pero me felicito por ello”, manifestó, aunque se abstuvo de emitir opinión sobre la cifra.

“Me alegro por el acuerdo, pero no me cabe manifestar nada sobre la cifra”, sostuvo el diplomático, quien en los últimos años reclamó decisiones más oportunas del Gobierno ante las expropiaciones realizadas a empresas privadas que hicieron inversiones en el país.

CONTRATO

El Gobierno anunció el 11 de mayo pasado la firma de un contrato transaccional para el pago de 23 millones de dólares al grupo empresarial español Abertis Infraestructura S.A. para dar fin a un arbitraje internacional en curso por la expropiación del Servicio de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa), concretada en febrero de 2013, según informó entonces el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Milton Claros.

“El presente contrato tiene como objeto el reconocimiento y pago de una indemnización pronta, adecuada, efectiva y definitiva a favor de Abertis por la nacionalización de la totalidad del paquete accionario que poseía a través de TBI Overseas Bolivia en Sabsa”, manifestó la autoridad en una conferencia de prensa, ofrecida en Cochabamba.

INVERSIONES

Recordó que el Gobierno de Bolivia decidió expropiar las acciones de Abertis Infraestructura S.A. hace cuatro años, porque incumplió un acuerdo de inversiones para la ampliación y mejora de los aeropuertos de El Alto de La Paz, Viru Viru de Santa Cruz y Jorge Wilstermann de Cochabamba.

Según Claros, el contrato transaccional suscrito por este caso es favorable para los intereses de Bolivia, porque el monto a pagarse corresponde solamente al 26% de los cerca de 85,5 millones de dólares que el grupo empresarial español exigía, como indemnización mediante una demanda planteada ante el Tribunal Arbitral de París.

SALARIOS

El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda estableció, finalmente, que la firma del contrato transaccional hará que Sabsa pague 55 millones de bolivianos que exigen sus trabajadores aeroportuarios por una nivelación salarial que lograron con un acuerdo suscrito con Abertis Infraestructura S.A.

Por su parte, el procurador general del Estado, Pablo Menacho, destacó entonces que la suscripción de ese documento es una nueva muestra de la voluntad del gobierno del presidente Evo Morales de cumplir con todos sus compromisos de interés internacional.

CONTENCIOSOS

El embajador Vásquez aseguró que con el acuerdo transaccional suscrito con el Grupo Albertis, prácticamente cerró las nacionalizaciones de empresas españolas que asumió el Gobierno entre 2012 y 2013, lo permitirá mejorar el clima de negocios existente en Bolivia. “Hay varias empresas españolas que ejecutan inversiones en Bolivia, la situación económica del país es esperanzadora”, señaló el diplomático. Entre las empresas afectadas estuvieron la transportadora de energía eléctrica, TDE y los intereses del grupo español en la generadora, Electropaz.

Al presente, está en curso de análisis las acciones que encaminará el Gobierno en torno a la empresa española Corsán Corviam, que abandono tres obras de infraestructura que se adjudicó en Bolivia, valoradas en alrededor de $us 600 millones.

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