Elección judicial, en dirección equivocada

¡Qué espanto¡… La Asamblea Nacional –de momento- gana posiciones significativas en la escena política. En lugar de dirigir la cuestión judicial en la dirección correcta, que es la independencia judicial: base durable y fundamental de nuestro Estado. En consecuencia, se debía fortificar la organización judicial con un Estatuto de la Magistratura que asegure los ascensos hasta el Tribunal Supremo, de esta manera se tendría jueces independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente a la ley.

¿SE CONSOLIDA UNA DEMOCRACIA DIRECTA?

En un país tildado de “electorero” el Órgano Legislativo tiene la convicción de estar en un proceso de preselección, considerado de prioridad; que no se detendrá y que garantiza que la población acudirá a las urnas el próximo 3 de diciembre para la elección de autoridades judiciales. En esta perspectiva al gobierno nada le representa que la CEUB se retire, porque dice tener otros mecanismos para poder seguir en el proceso de preselección. Al parecer vamos hacia una profecía, que resulta ser la desaparición del Estado sin reglas. Entre tanto, en la realidad actual todos reprochan una simbiosis que se tiene entre el partido de Gobierno (MAS) con el Estado boliviano, que va inexorablemente al totalitarismo; dado que la base del Poder de Estado reside en el partido, con conciencia clara y exigente solo de sus intereses.

NO SE ADVIERTE

¿Que la etapa de preselección, con sus diversas fases, estuvo en un sistema relajado y libre, donde unos y otros podían definir que todos los candidatos darían exámenes, por ejemplo?, ¿dónde están los reglamentos? Sí esto -que resulta elemental- no se cumplió, entonces tampoco se sabrá que el pueblo SOLO puede definir con su voto, qué programa se realizará en un periodo de tiempo y quiénes serán sus gobernantes.

Por consiguiente, adviértase que el Soberano crea la Constitución y detiene en ella a la vez, el dominio de la Idea de Derecho, que sirve de principio director a la vida del Estado y la elección de los gobernantes. Por lo tanto, no resulta forzado sostener que los Poderes políticos (el Legislativo y Ejecutivo, esencialmente temporales, a diferencia del Judicial: Poder permanente, con una organización propia especializada) obliguen al Soberano a votar fuera de su voluntad; ya que proceder de esta manera, no representa garantía de que la Idea de Derecho, que los gobernantes se esfuerzan en introducir en el ordenamiento jurídico, sea la idea válida en la sociedad boliviana.

Es lo que constata y enseña la elección fracasada de octubre de 2011. En esa situación se ha patentizado que las elecciones no son una alquimia de dos días, son un proceso solo para la elección de un programa y la elección de gobernantes.