Todo país o persona puede acudir a la ONU o a la OEA

Desde siempre, es un derecho que tienen los países y las personas para visitar los organismos internacionales; mucho más si se trata, por ejemplo, de Naciones Unidas o de la Organización de Estados Americanos donde el país cuenta con representantes. La visita de personas está condicionada simplemente a que se cumplan determinadas reglas protocolares que funcionarios especializados explican.

El que hayan asistido a la OEA personeros del gobierno nada tiene de extraño; igualmente, que lo hayan hecho políticos de oposición con cualesquiera motivos, no debería causar extrañeza a nadie y menos a personeros del gobierno, porque en ambos casos existe el derecho de visitar por razones expresas o por simple turismo las dependencias abiertas al público. Hay extrañeza en organismos oficiales por el hecho de que un ex–Ministro del gobierno anterior al actual haya estado en dependencias de la OEA y, por casualidad o expresamente, se haya entrevistado con el secretario general de esa organización, lo que tampoco tiene algo de extraño o extraordinario.

Las susceptibilidades existentes en el partido de gobierno no se justifican porque, por principio, hay que comprender que nadie va a ninguna institución, nacional o extranjera, con motivo o razones precisas o con fines vedados y mucho menos para “complotar contra el gobierno”, como muchas veces se cree. Principios de buena fe señalan la urgencia de creer en las personas y en las organizaciones, que no se prestarán a algo que sea contrario al gobierno o contra organización alguna.

El hecho de que algunos políticos estén en la oposición y sean o piensen o sientan diferente a los funcionarios oficiales no quiere decir, en modo alguno, que están predispuestos a extremos porque en cada uno de ellos existen condiciones de honestidad y responsabilidad para no mostrar comportamientos ajenos a las leyes y a las buenas costumbres. Quienes han visitado la OEA en nombre del gobierno, lo han hecho con el propósito de mostrar la posición gubernamental en relación con el futuro político del país y quienes lo hicieron con el mismo propósito, lo hicieron para denunciar determinadas acciones que tienden a “habilitar al Presidente de la República con miras a que pueda postular, nuevamente, en las elecciones de 2019”, objetivo con el cual no hay acuerdo en el país, debido a resultados mayoritarios del referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando el pueblo votó en contra de una posibilidad que es ajena a la Constitución Política del Estado.

Finalmente, conviene señalar que, con seguridad, ningún país se prestaría a ser intermediario ante la OEA -y menos lo haría Estados Unidos- para “auspiciar a la oposición”. Hay susceptibilidades que no hacen otra cosa que dividir más al pueblo boliviano en lugar de lograr una unidad que favorezca a todos.