Elección judicial, una prueba de fuego

Una de las necesidades prioritarias de la sociedad boliviana es disponer de una Justicia que garantice a la ciudadanía el acceso rápido, eficiente, que, ante todo, actúe con absoluta independencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo y, en especial, se someta única y exclusivamente a la Constitución, condiciones que frecuentemente fueron ignoradas a lo largo de la historia.

El cumplimiento de esa necesidad fue intentado numerosas veces, aunque con resultados infructuosos. En particular, el esfuerzo fue hecho por la nueva Constitución, la misma que estableció que los magistrados debían ser elegidos por vía del voto popular y no por selección y nombramiento de los órganos Ejecutivo y Legislativo.

Sin embargo, esa buena intención terminó en un enorme cero, al extremo que sus propiciadores declararon que la medida correctiva resultó un fracaso y no vacilaron en acusarla con los adjetivos más denigrantes que se pueda imaginar. Pero, pese a haberse cometido y reconocido el error, los auspiciadores del cambio de la administración de justicia decidieron repetirlo, sin tomar en cuenta que si bien los humanos siempre cometen errores, además de reconocerlos, no deben repetirlos, so pena de incurrir en resultados aún más graves.

Pese a todo, el gobierno convocó a nuevas elecciones judiciales para el 3 de diciembre próximo, acontecimiento al que se llegará con grandes escollos y cuyos resultados es posible que no satisfagan los anhelos de la población y hasta tal vez los agraven. En esa forma, la llegada a la fecha de la elección de magistrados fue resultado de un proceso escabroso que duró casi un año, durante el cual se registró una serie de episodios que lo único que hicieron fue embrollar el proceso electoral.

En efecto, proliferaron las denuncias a partir de la selección y calificación de los candidatos; se criticó que los postulantes solo pertenecían a las filas de la tienda partidaria gobernante; que los cambios solo serían de forma y no de fondo; que los nuevos operadores de justicia serían dependientes de órdenes superiores; que prevaricarían, en especial en lo que se refiere al continuismo presidencial y, en esa forma, el resultado final sería que no se producirán cambios en la justicia en general ni en la administración de justicia en particular.

Aparte de esas acusaciones se comenta que el procedimiento de elección de magistrados es peor que el anterior, ya que no permite conocer plenamente a los candidatos o bien éstos son desconocidos; no se tiene confianza en los resultados; que la elección popular solo elegirá a candidatos ya elegidos, etc. Por si fuera poco, la creciente oposición ha lanzado la consigna del “voto nulo”, que si bien no llegará a la abstención, será un indicador de lo que ocurra en las elecciones nacionales del 2020. A todo ese panorama se suman las encuestas y campañas publicitarias de grupos opositores que, a diferencia de las oficiales, carecen de acogida.

En esa forma, se llega de tumbo en tumbo al plebiscito del domingo, cuyo resultado augura que será muy poco optimista, pues, además, el voto en contra está unificado, se busca repetir el 21F, existe cansancio de la población por la permanencia indefinida de los gobernantes, la crisis económica, la corrupción en las esferas del gobierno, el desfavorable panorama internacional, por citar solo pocos ejemplos que dominan el panorama electoral del domingo. En fin, solo el resultado del voto popular dirá si las conjeturas anunciadas son correctas o no y quién tiene la razón. ¡Y todo con un gasto de alrededor de 150 millones de bolivianos!