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Fin de semana sin movilizaciones

UPEA espera diálogo sin condiciones

• Reforzarán piquetes de huelga de hambre


ESTUDIANTES DE LA UPEA MANTIENEN SUS PIQUETES DE HUELGA.

A un mes de cumplirse las movilizaciones de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), estudiantes y autoridades académicas aguardan por iniciar con el Gobierno diálogo sin condiciones sobre la base de modificaciones de la Ley Nº 195 de Coparticipación Tributaria. Entretanto, la Asamblea Plurinacional reitera su pedido de suspender todas las acciones de presión.

El representante de la Federación de Docentes de la UPEA, Salvador Quispe, anunció que durante el fin de semana se fortalecerán los siete piquetes de huelga de hambre donde se cumplieron 10 días de esta medida de presión.

Entretanto, el Comité de Movilizaciones docente-estudiantil planifica nuevas medidas de presión a ser aplicadas la siguiente semana, las cuales, por estrategia –dijo Quispe– no serán dadas a conocer.

El ampliado docente – estudiantil desarrollado la noche del pasado viernes. “Se ha ratificado la demanda de la UPEA en los tres ejes peticionarios: La modificación de la Ley 195, la renuncia del ministro de Gobierno, Carlos Romero, por su responsabilidad en la represión y muerte del universitario Jonathan Quispe, como cabeza de sector, además de la renuncia del ministro de Economía y Finanzas Mario Guillén, el viceministro de Presupuesto Jaime Duran, el Comandante de la Policía, además de mantener la solicitud de ¡justicia! En la muerte del universitario ocurrido el pasado 24 de mayo”, indicó.

Quispe dijo que la UPEA apoya el planteamiento del vicepresidente, Alvaro García Linera, en sentido de trabajar hacia una solución “sostenible y permanente”, criterio reiterado por el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales.

DIÁLOGO

Quispe aclaró que no fueron las autoridades de la UPEA quienes rompieron el diálogo, siendo los ministros quienes abandonaron la reunión instalada en la Vicepresidencia, de donde fueron sacados por la fuerza policial la madrugada del martes de la pasada semana.

“En ningún momento fue abandonado el diálogo, (por la UPEA) por el contrario fueron las autoridades del Ejecutivo y Legislativo quienes abandonaron la reunión”, reiteró.

EXPLICACIONES

Por otra parte, Quispe afirmó que la campaña mediática que difunde el Gobierno acerca de los recursos asignados a la UPEA es información “deliberadamente tergiversada”, por lo que el ampliado docente-estudiantil iniciará un proceso de socialización en los barrios y distritos de la ciudad de El Alto sobre la real situación financiera de esa universidad con relación a los gatos y resultados de auditoría, así como de la situación de su acreditación en el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB).

“Para que nos entiendan que la solicitud ante el Gobierno es clara. En cuanto a la información difundida a medias, con relación a la acreditación a la CEUB, lo que no se dice que este procedimiento responde a un conducto regular, ante el regente de esta instancia que faculta el poder hacer evaluaciones y acreditaciones, de los cuales participaron de nuestros procedimientos como CEUB, donde la UPEA cumple con estas normas”, indicó.

CONTRALORÍA EN LA UPEA

Con relación a la auditoría financiero-administrativa planteada por el Gobierno, Quispe aclaró que desde hace cuatro años una oficina de la Contraloría General de Estado (CGE) se encuentra instalada en UPEA realizando controles periódicos, aspecto que, aparentemente, desconocen las autoridades de Gobierno.

“Incluyendo la Secretaria Nacional Académica que regula los planes de estudio y mallas curriculares, donde llegan los programas de educación por competencia y ya no por objetivos. La UPEA demostró que está a la altura de otras universidades (ya que) premios como el 2017 en Ciencia y Tecnología a nivel nacional”, aclaró.

El representante de los docentes lamentó que debido al “posteo” de una iniciativa de medida de protesta desde la cuenta de Facebook de un estudiante se realizara su detención.

“Esta actitud impulsa a demandar garantías para evitar ser afectados en la privacidad y en el uso de sus redes sociales, siendo responsabilidad del Gobierno la seguridad de las autoridades”, apuntó.

 
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