Democracia secuestrada

Con una huelga de hambre las mujeres mineras fueron artífices de la recuperación de la democracia en Bolivia, que se inició con el gobierno de Hernán Siles Zuazo en 1982, quien ganó las elecciones luego de 18 años de dictadura. La era democrática dio paso a la institucionalización, con las leyes del Ministerio Público, Reforma Judicial, Ley de Partidos, Corte Nacional Electoral, elección por voto de Presidente, Vicepresidente, senadores y diputados. Las reformas a la Constitución Política del Estado de 1994 introdujeron la figura de los diputados electos en circunscripción uninominal. Las reformas de 2004 originaron el referéndum y la iniciativa legislativa ciudadana, entre algunos puntos a destacar.

Hoy se agotó el discurso del gobierno del MAS, se debilitó la democracia, no tenemos un Estado Plurinacional, porque están excluidas 36 naciones originarias, y las mujeres en el Ejecutivo. Es un Estado corporativo, organizaciones sociales han cuoteado las instituciones, existe uso discrecional de recursos estatales y la corrupción se ha naturalizado porque no hay sanción. No se ha construido un Estado democrático, por la violación constante de la Constitución Política del Estado. Después de 9 años de la Asamblea Constituyente y más de 12 años del Gobierno del MAS, se recuerda un proceso de elaboración del pacto social, plasmado en la Nueva Constitución Política del Estado, cuyo contenido es garantista de los derecho humanos y democrático. Se introdujo la democracia participativa y el reconocimiento a las 36 naciones y pueblos indígenas y las mujeres, sectores históricamente excluidos de la vida política y económica.

Hay un retroceso, a 35 años de la recuperación de la democracia, por la falta de independencia de los órganos del Estado, desinstitucionalización, debilitamiento del Tribunal Supremo Electoral. Y el Legislativo dejó de ser el primer poder del Estado, donde la promulgación de leyes vulnera derechos de los indígenas, del medio ambiente y la Madre Tierra.

Hoy se transita a un gobierno dictatorial, imperando la represión más que el diálogo, como la violencia contra los discapacitados, constantes ataques a la libertad de prensa, de pensamiento; naturalización de la corrupción, manipulación y politización de la justicia, por decisión político partidaria, que nada tiene que ver con los derechos humanos, para anular cuatro artículos de la Constitución. La población dijo NO a la modificación del Art. 168 de la Constitución y NO a la repostulación de Evo Morales en el referendo del 21 de febrero de 2016. El presidente no acepta ese resultado e insiste en habilitarse con la Resolución Nº 081/17, que está por debajo de la Constitución. Y ahora la campaña política de recuperar el mar se cayó por incompetencia de sus abogados. El soberano exige el cumplimiento del Art. 172 que establece: “el Presidente debe cumplir y hacer cumplir la Constitución”.

Hernán Siles Zuazo recibió un Estado con crisis económica, sucedieron eventos históricos después de la UDP, la promulgación del DS 21.060, la capitalización. En los años 80 y 90 el Fondo Monetario Internacional recomendaba el ajuste del gasto público y la privatización de empresas estatales. Gonzalo Sánchez de Lozada, presidente en 1993, en dos años vendió las 5 empresas más grandes de Bolivia: hidrocarburos, telecomunicaciones, líneas aéreas, electricidad y los ferrocarriles (a los chilenos).

Como consecuencia de la llamada Guerra del Agua en el año 2000, la transnacional Bechtel se fue de Bolivia, el impuesto al salario ocasionó 9 policías, 4 militares y 3 civiles muertos y con Octubre Negro en 2003, con la guerra del gas, el saldo fue de 69 muertos, 400 heridos. Y desde el 2006, con el gobierno actual, hay más de 80 muertos.

La autora es abogada constitucionalista.