“Reconfiguración” de la reforma judicial

Poco menos que con asombro, la opinión pública se ha desayunado con la noticia de que la necesaria reforma del sistema judicial que requiere el Estado boliviano ha quedado postergada y, más propiamente, será “reconfigurada”, según el neologismo oficial. La misma suerte recayó sobre un Consejo Consultivo de Asesoramiento, cuyo director anunció su renuncia a dicho cargo.

La sorpresa de la medida dilatoria es mayor porque hace varios años, --por lo menos diez-- el gobierno de Evo Morales denunció que el aparato judicial estaba en estado comatoso e inclusive se encontraba en terapia intensiva y requería tratamiento de urgencia, pues había fracasado la elección de altas autoridades del ramo por la vía del voto público que empezó a aplicarse a partir de la Constitución del año 2009.

En todo caso, en vista de ese de estado de cosas, el partido político que maneja las riendas del Estado desde el Palacio Quemado, para las elecciones nacionales del año pasado ofreció “reconstruir el sistema judicial”, con el objetivo de que el país tenga una justicia más rápida y eficiente con uso de tecnología para toda la población.

No solo eso. Agregó en su ofrecimiento electoral que procedería paralelamente a la necesaria reforma policial para que esté al servicio de la seguridad ciudadana. Se remarcó que se realizaría un implacable combate contra la corrupción, modernizando los sistemas de trámites, licitaciones y adjudicaciones. No dejó de ser elocuente la oferta de combatir la violencia contra la mujer, niñas y adolescentes, etc.

Tan dulces conceptos al parecer cayeron en saco roto con la decisión oficial de “reconfigurar” la reforma del sistema judicial y postergar la cirugía necesaria para curar los males que padece el paciente. Además de esa medida, el Consejo Consultivo de hecho ha quedado congelado, aplicando, en esa forma, la política de borrón y cuenta nueva.

Pero, aún más. Se anunció que una reforma a la Constitución tampoco será posible en cuanto a la cuestión judicial y, mucho menos, otros agudos aspectos negativos para la nación y la democracia, declaración que contiene el mensaje de que ninguna reforma judicial será posible sin antes reformar la Constitución, como sugirió el ministro de Justicia, Iván Lima.