ONU se pronuncia por persecuciones en Bolivia

En respuesta a la desenfrenada persecución y acoso judicial de los que son objeto los parlamentarios opositores, en un acto heroico decidieron no asistir a las citaciones de fiscales y jueces por supuestos actos de desacato contra autoridades del Órgano Ejecutivo. El fundamento de la resistencia no es otro que reclamar contra la violación del artículo 151 de la Constitución, que dispone la inviolabilidad por declaraciones y críticas que hagan en ejercicio de su función fiscalizadora, no pudiendo ser procesados penalmente.

Dicha función es inherente e inseparable del mandato popular conferido, como lo reconoce la misma Carta Política del Estado. En consecuencia ésta sufre una flagrante violación cuando la figura de desacato (Art. 162 Código Penal)) es aplicada por fiscales y jueces, quienes además desconocen la primacía de la Constitución sobre el resto del ordenamiento jurídico como elemental conocimiento jurídico.

La persecución encubierta bajo procesos judiciales se extiende a los gobernadores opositores, como es de público conocimiento, no sólo por desacato sino por diversas figuras penales forzadas, como en el caso del gobernador Ernesto Suárez, del Beni, encontrándose ahora como próxima víctima el de Santa Cruz, Rubén Costas, procesado por doble desacato y por inversiones en el referéndum para el Estatuto Autonómico, consulta largamente solicitada por el pueblo cruceño y que contó con una aplastante mayoría. Por supuesto, la misma suerte vienen sufriendo opositores, periodistas y ciudadanos independientes.

Esta situación ha merecido un pronunciamiento de la representación de Naciones Unidas en Bolivia, llamando la atención al Gobierno por el “irrespeto al derecho de los y las asambleístas a la inviolabilidad personal y del domicilio establecido en el artículo 151 de la CPE”. Asimismo recuerda que Naciones Unidas han recordado al Gobierno la despenalización del desacato por violar las “garantías individuales y restringir la libertad de expresión de acuerdo con los estándares internacionales”.

Esta representación supranacional extraña también la “inadecuada interpretación” de la disposición constitucional de inviolabilidad y la “ausencia de criterios prácticos” a nivel de los administradores de justicia. Aspectos como éste no cabe duda que tienen relación con la docilidad con la que los medios judiciales se someten a la voluntad del Órgano Ejecutivo, descalificando la pretendida separación e independencia del los poderes del Estado, mientras se constata que autoridades y funcionarios gubernamentales en numerosas causas por corrupción y otras ni siquiera han prestado su indagatoria, como ocurre en el proceso de soborno en el caso de supuesto terrorismo en Santa Cruz.

No es usual que los organismos internacionales aboguen para corregir medidas tan atentatorias como la persecución a parlamentarios en ejercicio, constituyendo un antecedente ponderable, pues las políticas del Gobierno deberían concitar mayor atención de este tipo de organismos supranacionales y privados defensores de los derechos humanos. Ausencias tan notorias como éstas alientan por pasiva las actuaciones con fines intimidatorios que practica el oficialismo.

El pronunciamiento de referencia demanda que se guarden las garantías procesales en torno al caso de desacato contra la senadora por Pando, Carmen Eva González, por denuncia del Gobernador de ese departamento. Fruto de los procedimientos policíacos fue su apresamiento en puertas de la propia Asamblea Legislativa el 26 de enero pasado, mediante un aparato policial impresionante, como si se tratara de un peligroso delincuente, sin la menor consideración a su investidura, habiendo permanecido bajo arresto por espacio de más de seis horas.

Tan agraviante hecho no es casual sino instruido premeditadamente para menoscabar la representatividad parlamentaria opositora y degradarla ante los ojos de la población, haciendo además burla de la inviolabilidad constitucional.